Carlos Lara Moreno
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció que presentará al Poder Legislativo un paquete de reformas a la Ley de Aguas Nacionales y la creación de una Ley General en la materia, con el objetivo de garantizar el derecho humano al agua, acabar con el mercado negro de concesiones y fortalecer la rectoría del Estado en la administración del recurso.
Efraín Morales López, director general de la Conagua, explicó que las modificaciones serán producto de un proceso de consulta amplia, que incluyó 13 foros nacionales con la participación de sectores productivos, sociales y gubernamentales.
“Queremos terminar con un modelo que convirtió al agua en mercancía. Las reformas buscan que deje de verse como objeto de negocio privado y se reconozca plenamente como un derecho humano y un bien estratégico de la nación”, subrayó.
Fin a las transmisiones entre particulares
Uno de los cambios centrales será regular el esquema de transmisiones de concesiones, que actualmente permite a particulares vender títulos de agua entre sí con solo notificar a la autoridad. Este mecanismo, introducido en el periodo neoliberal, ha generado acaparamiento, sobreconcesionamiento y un mercado negro del agua en regiones con mayor escasez.
“Hoy ocurre que un ciudadano o productor necesita agua y la Conagua debe responder que no hay disponibilidad; sin embargo, puede conseguirla en el mercado negro, comprando un título a un particular. Eso es lo que vamos a frenar. El agua que no se usa debe regresar al dominio de la nación”, puntualizó Morales.
Delitos hídricos y sanciones más severas
El director de la Conagua adelantó que las reformas también contemplan la creación de un nuevo capítulo de delitos hídricos. Actualmente, las sanciones son bajas y permiten que quienes explotan pozos clandestinos o venden agua ilegalmente vuelvan a operar tras pagar multas mínimas.
“Necesitamos sanciones que inhiban de verdad estas conductas: clausuras definitivas, extinción de dominio y penas más severas para quienes reincidan en el robo o explotación irregular del agua”, advirtió.
Ordenamiento y desprivatización del recurso
Como parte del programa de ordenamiento de concesiones, la Conagua ha revisado más de 536 mil títulos y emprendido miles de inspecciones con apoyo ciudadano, lo que permitirá construir un nuevo registro nacional confiable de aguas.
Además, se impulsa la ventanilla digital única para simplificar y transparentar trámites, así como el decreto de facilidades que se publicará este mes para regularizar concesiones vencidas, en beneficio de pequeños y medianos productores agrícolas.
Morales destacó que, gracias a estas acciones, ya se han desprivatizado más de 4 mil millones de metros cúbicos de agua, volumen equivalente al suministro de la Ciudad de México durante cuatro años, y se logró un aumento significativo en la recaudación por pago de aprovechamientos.
Un acuerdo nacional por el agua
Finalmente, el funcionario recordó que en noviembre pasado se firmó el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, con la participación de gobiernos, académicos, empresas y productores.
“Es un esfuerzo colectivo. Con estas reformas y acciones buscamos un cambio de visión: que el agua deje de ser un negocio y se consolide como un derecho humano que el Estado tiene la obligación de garantizar”, concluyó.
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