Por Bruno Cortés
El campo mexicano vuelve a figurar en el Paquete Económico 2026, aunque más como un asunto de supervivencia política que de transformación productiva. El documento destina recursos a programas emblemáticos como Sembrando Vida (40,664 millones de pesos), Producción para el Bienestar (17,472 millones), Precios de Garantía (13,000 millones) y subsidios a fertilizantes (18,200 millones)
La cifra impresiona, pero la crítica es inevitable: son programas que priorizan la transferencia directa y la estabilidad electoral sobre la modernización agrícola.
Sembrando Vida, el buque insignia, sigue prometiendo árboles y desarrollo comunitario, pero arrastra cuestionamientos desde su arranque: deforestación previa para acceder al subsidio, escaso seguimiento técnico y resultados difusos en productividad. En 2026, el programa seguirá costando más de 40 mil millones, sin que haya evidencia clara de que esté modificando la estructura productiva rural.
Producción para el Bienestar, que sustituye a Procampo, reparte apoyos a pequeños productores. Aunque busca justicia social, su diseño mantiene un problema histórico: no distingue entre apoyar la subsistencia campesina y fomentar la productividad agrícola. El dinero llega, pero no necesariamente se traduce en mayor rendimiento, innovación tecnológica o cadenas de valor más sólidas.
En cuanto a los Precios de Garantía, la intención es loable: dar certeza a pequeños productores frente a la volatilidad de los mercados. Sin embargo, con un presupuesto de apenas 13 mil millones, el programa resulta insuficiente para atender la magnitud de las asimetrías del campo. Termina beneficiando a unos cuantos cultivos estratégicos y dejando fuera a productores medianos que podrían aportar más al abasto nacional.
El rubro de fertilizantes subsidiados sigue creciendo, con más de 18 mil millones destinados a este insumo. Pero los agricultores señalan la ineficiencia en la entrega, la falta de oportunidad en las temporadas clave y la nula estrategia para vincular este apoyo con prácticas agrícolas sustentables. Subsidios sin capacitación equivalen, en muchos casos, a dinero enterrado en el suelo sin retorno garantizado.
Más allá de las cifras, lo que revela el Paquete 2026 es un campo atado al asistencialismo. El gasto agrícola está diseñado para contener malestares sociales y asegurar clientelas, más que para abrir la puerta a la modernización rural. No se habla de riego tecnificado a gran escala, ni de innovación genética, ni de integración comercial con cadenas nacionales e internacionales.
La paradoja es evidente: se destinan miles de millones al sector, pero México sigue dependiendo de importaciones masivas de granos básicos. El campo aparece en el presupuesto como un rubro prioritario, pero en la práctica se mantiene en una especie de terapia intensiva: lo suficiente para que no colapse, pero lejos de sacarlo del estancamiento estructural.
En suma, el Paquete Económico 2026 pinta un campo políticamente rentable pero productivamente frágil. Los campesinos reciben apoyos, los programas se exhiben en los informes presidenciales y las cifras lucen en los discursos, pero la pregunta incómoda sigue pendiente: ¿cuánto de este gasto siembra futuro y cuánto solo compra tiempo?
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