Por Bruno Cortés
En el Congreso la discusión sobre la nueva Ley de Aguas agarró ritmo, pero también llegó con una advertencia clara desde el campo: “si no nos escuchan, no nos movemos”. Así lo resumió Eraclio Rodríguez Gómez, dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, quien anda de reunión en reunión con diputados de prácticamente todas las bancadas para que la ley no se cocine desde la oficina, sino desde la realidad que se vive en los ejidos, los distritos de riego y las comunidades agrícolas de todo el país.
Rodríguez contó que ya habló con Morena a través de su coordinador Ricardo Monreal, con el PT mediante Reginaldo Sandoval, y con el PRI por medio del diputado Domínguez. Ahora buscan sentarse con el PAN para cerrar el círculo y lograr lo que en San Lázaro pocas veces se ve: una ley construida por consenso, no por línea política. En palabras del propio dirigente, el objetivo es sencillo: “que todos nos veamos reflejados”.
Pero junto con la mano extendida, también llegó un recordatorio de fuerza. A unos metros de los puentes fronterizos, dijo, siguen estacionados los tractores y los productores listos para presionar si sienten que la ley sale sin atender sus preocupaciones. La consigna es firme: mientras no tengan claridad de que sus demandas serán incorporadas, no desactivarán la movilización.
Rodríguez explicó que no todos los diputados entienden la vida en el campo y, por lo mismo, pueden equivocarse al priorizar ciertos temas. Por eso piden que el diálogo no se cierre, que las bancadas mantengan los canales abiertos y que la votación no se tome como un trámite exprés. Si ven señales de riesgo, advirtió, subirán a las carreteras y a los puentes para cerrarlos. Es su forma de recordarle al Congreso que el agua no es un lujo: es la base de la producción alimentaria del país.
El dirigente fue claro en que no están en contra de la iniciativa del Ejecutivo ni del proyecto que discute la Cámara; incluso reconoce que muchos cambios son mínimos. Pero lo mínimo, cuando se trata del agua, puede ser decisivo. Lo que sí no están dispuestos a permitir es que sus demandas centrales queden fuera de la versión final: garantizar el acceso al agua para agricultores, ganaderos y fruticultores sin penalizaciones excesivas ni trámites imposibles. El tema industrial, dicen, no les toca; lo que les importa es que a quienes producen alimentos no se les castigue por utilizar lo que necesitan para trabajar.
Uno de los puntos más sensibles es la retroactividad, es decir, que nuevas reglas afecten derechos antiguos. En los distritos de riego no tienen mayor problema con los ajustes administrativos del gobierno, pero sí reclaman que se reconozcan pozos que hoy operan sin registro oficial, sobre todo en ejidos y comunidades donde estos alumbramientos garantizan agua para consumo, ganado y producción. También piden que estos pozos puedan heredarse, que las concesiones se puedan transmitir y que cuando un pozo se abate se pueda reubicar sin que eso se vuelva un vía crucis burocrático.
Finalmente, Rodríguez señaló que hay un acuerdo para eliminar delitos relacionados con el uso del agua, dejando solo sanciones administrativas. Para los productores, esto es fundamental: quieren reglas claras, no amenazas de cárcel. “Por lo menos que no nos tengan la guillotina en el cuello”, dijo, dejando claro que la relación con el Estado debe basarse en cumplimiento, no en miedo.
Lo que está en juego no es solo una ley técnica: es cómo se reparte, regula y cuida un recurso que define el futuro del campo mexicano. Si el Congreso quiere evitar un conflicto mayor, tendrá que demostrar que sabe escuchar y que entiende que el agua, en México, siempre viene acompañada de tierra, trabajo y comunidad.
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