Por Bruno Cortés
La diputada Ana Isabel González, del PRI, puso sobre la mesa un tema que miles de familias viven todos los días, pero pocas veces llega al debate público: ¿qué hace el Gobierno para apoyar de verdad a las personas con autismo y otras condiciones de la neurodiversidad? Su respuesta fue clara: se necesita crear centros especializados que no solo diagnostiquen, sino que acompañen, orienten y den herramientas para que estas personas puedan desarrollarse plenamente en la sociedad.
La propuesta busca modificar la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad para que la Secretaría de Salud se encargue de impulsar estos centros en todo el país. ¿Qué harían? Diagnósticos tempranos —porque detectar a tiempo cambia vidas—, terapias, atención integral y capacitación para las familias, que muchas veces hacen todo solas y sin apoyo del Estado.
Hoy en México, conseguir un diagnóstico puede llevar años, y pagar terapias cuesta más de lo que muchas familias ganan al mes. Por eso, esta iniciativa también apuesta por hacer accesibles los servicios públicos para que nadie se quede fuera por falta de dinero o por vivir lejos de una gran ciudad.
La diputada explicó que el autismo no es una enfermedad, sino una forma diferente de percibir el mundo: afecta la comunicación, la forma de aprender y la manera de relacionarse. Y no es un tema menor. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 160 niñas y niños está dentro del espectro autista, y en México los estudios indican que es 1 de cada 115, la mayoría hombres.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, donde será analizada y, en su caso, modificada y votada. Pero el mensaje ya quedó claro: no se trata solo de sensibilizar, sino de garantizar derechos, apoyos y oportunidades reales.
Porque hablar de autismo también es hablar de inclusión, de acceso a la salud, de educación digna y de acompañamiento para quienes cuidan. Esta reforma podría ser el primer paso para que, en vez de que las familias busquen ayuda por su cuenta, sea el Estado quien toque a su puerta y les diga: “no están solos”.
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