Por Bruno Cortés
En la política mexicana, a veces una barda pintada puede convertirse en tema nacional. Eso es lo que está pasando con el diputado federal Arturo Ávila Anaya, quien anunció que acudirá al Instituto Electoral de la Ciudad de México para deslindarse formalmente de 500 bardas que aparecieron en la alcaldía Cuauhtémoc y que, según la alcaldesa Alejandra Rojo de la Vega, estarían vinculadas con él.
Para quien no vive metido en la grilla, vale la pena explicar qué está en juego. En México, las reglas electorales son claras: nadie puede hacer campaña antes de que inicien oficialmente los procesos. Pintar bardas con nombres o mensajes que parezcan promoción personal puede interpretarse como actos anticipados de campaña, lo cual puede derivar en sanciones. Por eso el tema no es menor.
Ávila asegura que no tiene nada que ver con esas pintas y que, justamente por eso, presentará un deslinde ante la autoridad electoral y pedirá una investigación a fondo. En pocas palabras: quiere que el árbitro revise quién pintó, cómo se hicieron tantas bardas y por qué lo están señalando. El diputado incluso cuestionó cómo la alcaldesa supo el número exacto —500, según dijo— y la velocidad con la que aparecieron.
El trasfondo político tampoco es casual. Días antes, ambos protagonizaron un debate televisivo donde Ávila cuestionó las cifras de gasto en bacheo de la alcaldía Cuauhtémoc. Después vino la acusación por las bardas. El diputado dejó entrever que podría tratarse de un montaje, recordando episodios pasados donde denuncias públicas terminaron desinflándose.
Aquí entra otro elemento que suele confundir a la gente: la aspiración política. Ávila reconoció que es natural que cualquier servidor público piense en competir por otro cargo en el futuro. Pero fue enfático en que no se ha “destapado” para la gubernatura de Aguascalientes, porque ni siquiera hay convocatoria abierta. Es decir, hoy por hoy, no hay proceso electoral en marcha que justifique una campaña.
En términos simples, lo que veremos ahora es cómo actúa la autoridad electoral. El Instituto tendrá que revisar si hay elementos para investigar, si las bardas violan la ley y, sobre todo, quién está detrás. Eso es parte del diseño institucional: cuando hay acusaciones, no se resuelven en conferencias ni en redes sociales, sino ante el órgano competente.
Mientras tanto, el diputado insiste en que sus prioridades están en la Cámara de Diputados y en su labor como vocero del grupo parlamentario de Morena, además de que continuará señalando lo que considera fallas en el gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc.
En un país donde la competencia política es cada vez más intensa, hasta una pared puede convertirse en campo de batalla. La diferencia la hará lo que determinen las autoridades y si se logra demostrar quién pintó qué y con qué intención.
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