Un devastador incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court, en el distrito Tai Po —en Hong Kong— ha derivado en surgimiento de responsabilidades penales. Las autoridades anunciaron la detención de 13 personas que podrían ser acusadas de homicidio por su posible implicación en la tragedia.
Las llamas consumieron siete de las ocho torres del complejo, en lo que ya se considera el incendio más mortal en décadas en la ciudad. Hasta el momento, el saldo oficial indica 151 personas fallecidas y decenas de desaparecidos, aunque hay temor de que la cifra aumente conforme se retiran escombros.
De acuerdo con la investigación preliminar, la tragedia habría sido detonada por irregularidades en los materiales usados en la renovación de los edificios. Las autoridades confirmaron que la malla —o red protectora— utilizada en los andamios no cumplía con los estándares de resistencia al fuego: de 20 muestras analizadas, 7 resultaron ser inflamables.
Esta red defectuosa —junto con paneles de espuma inflamable y estructuras de bambú— habría facilitado la rápida propagación del fuego por los edificios, complicando la evacuación y multiplicando el impacto de la tragedia.
Entre los detenidos figuran directores, ingenieros consultores y responsables de las obras, lo que sugiere fallas graves en la supervisión del proyecto. Las autoridades advierten que podrían presentarse más arrestos a medida que avanza la investigación.
Mientras tanto, la ciudad permanece en luto. Familias, vecinos y autoridades enfrentan el terrible balance: cuerpos que quedaron reducidos a cenizas, desaparecidos, desplazados y una enorme indignación colectiva ante lo que muchos califican como negligencia criminal.
La pandemia de críticas no se detiene allí: esta tragedia reabre el debate sobre la seguridad en la construcción, el cumplimiento de normas básicas y la responsabilidad real de quienes gestionan proyectos de vivienda. Para muchos, este incendio es más que un accidente: es un llamado urgente a la rendición de cuentas.
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