Por Juan Pablo Ojeda
Ricardo Anaya Cortés, coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado, alzó la voz ante el reciente escándalo que involucra a Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, luego de que se revelara que algunos de sus colaboradores perciben altos salarios sin estar registrados oficialmente en la nómina de la Cámara Alta.
El panista pidió a Fernández Noroña transparentar de inmediato los salarios de todos sus colaboradores, luego de que un reportaje de la periodista Leticia Robles exhibiera que al menos cinco asesores vinculados con la presidencia del Senado no aparecen en los listados públicos, pese a recibir recursos oficiales y cumplir funciones institucionales.
“Mi llamado es a la transparencia. Que se conozca con absoluta claridad quién labora en el Senado de la República y cuánto gana cualquier persona que trabaja aquí”, expresó Anaya ante medios de comunicación.
Escándalo por “asesores fantasma”
De acuerdo con la investigación periodística, la Mesa Directiva del Senado cuenta con al menos 13 personas asignadas directamente a la oficina de Noroña, muchas de ellas en cargos clave como secretario técnico y coordinadora de asesores, con salarios elevados. Sin embargo, solo cinco aparecen como contratados por honorarios, y el resto no figuran en los registros oficiales.
El informe también señala que los recursos destinados a la presidencia del Senado superan el millón de pesos mensuales, lo que ha generado críticas sobre el manejo de fondos públicos.
Anaya aclara sueldo de su equipo
Al ser cuestionado sobre el salario de su secretario técnico, Anaya aclaró que no cuenta con secretario particular, y que su único colaborador directo percibe alrededor de 60 mil pesos netos mensuales, en línea con los sueldos establecidos por la normatividad del Senado.
“No tengo yo un secretario particular. Tengo un secretario técnico y gana exactamente lo mismo que todos los encargados de dicha plaza en el Senado de la República”, puntualizó.
Exigen rendición de cuentas
El senador panista reiteró que la rendición de cuentas debe ser una norma para todos los legisladores, más aún en tiempos donde la austeridad y la vigilancia del gasto público son exigencias sociales.
El caso ha encendido el debate en la Cámara Alta y podría derivar en auditorías internas o un pronunciamiento formal de los órganos de control del Senado.
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