Por Juan Pablo Ojeda
La violencia en Sinaloa encendió las alertas internacionales. Amnistía Internacional expresó su preocupación por el deterioro de la seguridad en el estado y por la estrategia que se ha utilizado para enfrentarla: una creciente militarización que, advierte, no ha dado resultados y sí ha provocado violaciones a derechos humanos.
A través de un mensaje público, la organización señaló que la crisis no es reciente, sino que se ha venido agravando durante los últimos tres años. Los números lo confirman. En 2022 se registraron 478 homicidios en la entidad, pero para 2025 la cifra se disparó hasta mil 663. En el caso de los feminicidios, las investigaciones pasaron de 20 a 69 en ese mismo periodo, mientras que las personas desaparecidas o no localizadas aumentaron de 268 a 947.
Para Amnistía Internacional, este crecimiento de la violencia refleja una política de seguridad que no está funcionando. La organización cuestionó que, frente al avance del crimen organizado, la respuesta principal siga siendo el despliegue de fuerzas militares, una estrategia que México ha sostenido durante años y que, según sus informes, ha generado consecuencias graves.
En su reporte “Cambiando el Paradigma”, la organización documenta que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública ha estado acompañada de detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros tratos crueles o degradantes. Lejos de reducir la violencia, señalan, esta estrategia ha creado un entorno donde los abusos se repiten sin controles suficientes.
El llamado de Amnistía es directo: la seguridad debe centrarse en las personas y no únicamente en el uso de la fuerza. Pide a los gobiernos federal, estatal y municipal que respeten los estándares internacionales, los cuales establecen que el uso de fuerzas armadas en seguridad pública debe ser excepcional, temporal, regulado y siempre bajo mando civil.
Este pronunciamiento ocurre en un contexto delicado. A finales de enero, la Secretaría de la Defensa Nacional informó el envío de mil 600 soldados a Sinaloa, quienes fueron desplegados principalmente en Culiacán y Mazatlán. Su misión, según las autoridades, es realizar tareas de patrullaje, prevención y disuasión para contener a los grupos delictivos.
Sin embargo, los hechos recientes muestran que la violencia sigue activa. Uno de los casos más graves fue el ataque armado contra dos legisladores de Movimiento Ciudadano, ocurrido mientras se trasladaban en un vehículo. Ambos resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, lo que volvió a poner en el centro del debate la efectividad real de la estrategia de seguridad en el estado.
Para Amnistía Internacional, Sinaloa es un ejemplo claro de que más soldados no necesariamente significan más paz, y que sin un cambio de enfoque, la violencia y las violaciones a derechos humanos seguirán creciendo.
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