Por Juan Pablo Ojeda

 

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, emitió esta mañana un posicionamiento respecto al reciente informe de Amnistía Internacional (AI), documento que clasifica la Copa Mundial de la FIFA 2026 como un evento con riesgo de propiciar prácticas autoritarias. Durante su conferencia matutina, la mandataria delimitó la responsabilidad operativa del torneo, expresando sus deseos de éxito logístico, pero transfiriendo el peso de la organización a sus contrapartes norteamericanas.

El reporte estadístico de Amnistía Internacional detalla que únicamente cuatro de las dieciséis ciudades designadas como sede han publicado planes formales relacionados con el respeto a los derechos humanos. El documento subraya una omisión total en los protocolos de protección a personas migrantes, un factor que aleja al evento de la clasificación original de «riesgo medio» otorgada por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

La declaración textual de Sheinbaum apuntó a la gestión internacional: “Yo espero que tengan un buen Mundial en todos los sentidos, en México, en Estados Unidos y en Canadá, y que los gobiernos de los estados y municipales den todas las facilidades para la asistencia a los estadios y para la llegada de visitantes. Eso ya depende de Estados Unidos y de Canadá; evidentemente nuestros deseos es que todo salga bien”.

En el desglose geográfico del informe, las cifras de Estados Unidos concentran el mayor volumen de alertas. AI documenta que, durante 2025, las autoridades de dicho país ejecutaron la deportación de más de 500,000 personas. Esta cifra representa un volumen que supera en casi ocho veces el aforo máximo previsto para la final del torneo en el Estadio MetLife.

A nivel local, el Estado mexicano mantiene un despliegue activo de aproximadamente 100,000 agentes de seguridad, incluyendo personal de las fuerzas armadas, como respuesta a los índices delictivos nacionales. Amnistía Internacional advierte que esta movilización masiva de elementos militares en tareas de seguridad civil incrementa los riesgos estadísticos de confrontación con contingentes de manifestantes pacíficos durante la justa deportiva.

La organización civil documentó adicionalmente la firma de acuerdos de colaboración entre fuerzas de seguridad locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en ciudades clave como Dallas, Houston y Miami. En paralelo, se registró el despliegue federalizado de 4,000 miembros de la Guardia Nacional en Los Ángeles durante 2025, ordenado por el presidente Donald Trump en respuesta a movilizaciones sociales.

El documento concluye con una exigencia de cumplimiento normativo dirigida a actores no gubernamentales. Amnistía Internacional establece que la FIFA, las federaciones nacionales y los corporativos patrocinadores poseen la obligación contractual y ética de garantizar la integridad de los 104 partidos programados, protegiendo a trabajadores, periodistas y minorías mediante la prohibición de redadas y detenciones arbitrarias.

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