Carlos Lara Moreno
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió desechar siete recursos de revisión promovidos por empresas del Grupo Salinas relacionados con créditos fiscales determinados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) desde finales de la década de 2000.
Con ello, afirmó, quedan firmes las sentencias que validaron los adeudos y se abre la fase final de los procedimientos para su cobro.
Durante su conferencia “La Mañanera del Pueblo”, la mandataria subrayó que los créditos fiscales, derivados del Impuesto Sobre la Renta correspondiente a los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2012 y 2013, no tienen origen en la actual administración ni en la anterior, sino en procesos iniciados hace más de una década.
“Son asuntos muy antiguos, incluso previos a la llegada del presidente López Obrador en 2018. Estos procedimientos empezaron mucho antes”, dijo.
Un recorrido por todas las instancias
Sheinbaum detalló que las empresas involucradas agotaron uno a uno los recursos que la ley pone a su alcance.
Primero presentaron recursos de revocación ante la autoridad fiscal, que fueron rechazados. Posteriormente acudieron al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual confirmó la legalidad de los créditos fiscales.
Sin conformarse, promovieron juicios de amparo directo, también negados por tribunales colegiados.
“En todas estas etapas, la autoridad fiscal fue la que tuvo la razón. Todas las instancias previas fueron contundentes”, afirmó.
Luego interpusieron recursos de revisión que llegaron finalmente a la Suprema Corte. Según Sheinbaum, la Corte analizó si estos recursos cumplían los requisitos de procedencia establecidos en la Constitución y la Ley de Amparo: plantear un problema de relevancia constitucional o un asunto de derechos humanos que ameritara su intervención.
“La Corte determinó que no había temas nuevos. Ya existían criterios obligatorios sobre la deducción de pérdidas por venta de acciones y sobre la aplicación del régimen de consolidación fiscal. No había materia constitucional que justificara seguir el trámite”, explicó.
La decisión de la SCJN: desechar los recursos
La mandataria señaló que, tras años de permanecer sin resolución dentro de la Corte, los asuntos finalmente fueron desechados.
Ese desechamiento, precisó, no implica un pronunciamiento sobre el fondo, sino que la SCJN decidió que los recursos nunca debieron admitirse.
“En realidad, lo que hace la Corte es reafirmar la validez de todo lo que ya se había resuelto. Quedan firmes las sentencias. Queda firme la determinación del SAT. Se terminó el litigio”, dijo.
Agregó que la resolución envía un mensaje de certeza jurídica y confirma la función de la Corte como garante de la legalidad en materia fiscal. “Es importante decirlo porque se ha insinuado que esto es un acto autoritario o una consigna política. Pero no es así: son 15 años de litigios, en los que todas las instancias fallaron a favor de la autoridad fiscal.”
Lo que sigue: pago o inicio de procesos legales
Sheinbaum informó que la notificación formal al SAT todavía no se realiza, pero una vez que ocurra comenzarán los procedimientos posteriores. “Si pagan, ahí concluye el asunto. Si no pagan, viene un proceso jurídico que debe cumplirse paso a paso.”
Anunció que pedirá a la Secretaría de Hacienda explicar públicamente cada una de las etapas que se aplicarán en caso de incumplimiento, para garantizar transparencia.
“Prácticamente no hay pretextos para no pagar. Ahora corresponde que se cumpla la ley”, enfatizó.
Un mensaje político y jurídico
La presidenta insistió en que es fundamental que la ciudadanía conozca el contexto, pues la narrativa en medios, sostuvo, ha insinuado presiones políticas. “Aquí lo que hay es un proceso larguísimo, con múltiples resoluciones, y finalmente la Corte decide que no procede seguir el trámite. Eso es todo.”
Recordó que algunas de estas controversias llegaron a la Corte antes incluso del nombramiento de las y los ministros actuales. “Estuvieron congelados por años. Llegaron, los admitieron, y después quedaron guardados. Hoy finalmente se resuelven.”
La resolución, añadió, marca un precedente sobre los límites de la revisión constitucional en materia fiscal y sobre la importancia de que los grandes contribuyentes cumplan con sus obligaciones igual que cualquier ciudadano.
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