La lucha anticorrupción en México vuelve a encender las alertas. Vania Pérez, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), denunció públicamente amenazas veladas, presiones internas y censura luego de solicitar al Senado de la República una investigación formal contra el senador Adán Augusto López por una presunta discrepancia patrimonial de 79 millones de pesos y posibles vínculos con el crimen organizado.
La denuncia que detonó las amenazas
En entrevista con Azucena Uresti, la funcionaria reveló que, tras presentar su petición en octubre, comenzaron mensajes y advertencias para que guardara silencio.
“Me han pedido que me calle, que me cuide, que no me meta en problemas”, afirmó Pérez, al advertir un riesgo real para su seguridad y la de su familia.
La solicitud al Senado se centra en inconsistencias entre los ingresos declarados por el exgobernador de Tabasco y su patrimonio, además de señalamientos indirectos por presuntos nexos con el grupo criminal “La Barredora”.
Patrimonio bajo la lupa y silencio institucional
De acuerdo con Pérez, Adán Augusto López ha argumentado que su riqueza proviene de actividades como ganadería, herencias y consultorías; sin embargo, no existe evidencia plena que acredite la licitud de esos ingresos.
Lo más grave, subrayó, es la inacción de instituciones clave:
- SAT
- Auditoría Superior de la Federación (ASF)
- Fiscalía General de la República
Hasta ahora, ninguna ha dado respuesta formal al oficio presentado, lo que —dijo— alimenta la percepción de impunidad.
Censura dentro del propio SNA
La presidenta del SNA también denunció presiones internas dentro del Comité de Participación Ciudadana, donde —aseguró— se le pidió retirar información para evitar conflictos con el Poder Legislativo.
Pérez lamentó que en México no genere indignación que existan legisladores con patrimonios incongruentes o señalamientos delictivos, y alertó que las redes de presión alcanzan incluso a sistemas anticorrupción estatales.
Separarse del cargo, una exigencia ética
La funcionaria insistió en que cualquier servidor público bajo investigación debería separarse del cargo para no afectar la gobernabilidad ni la imagen internacional de México.
Aun reconociendo su vulnerabilidad, sostuvo que dar voz a la ciudadanía es indispensable en un contexto donde los contrapesos institucionales se han reducido.
¿Asilo en el extranjero? El escenario tras dejar el cargo
Con el fin de su encargo programado para el 28 de enero de 2026, Vania Pérez reconoció que analiza solicitar asilo en el extranjero, ante la falta de garantías de seguridad en el país.
“No podemos permitir que este sea el destino de nuestro país”, declaró.
Antes de regresar a su labor como profesora en la UNAM y a proyectos de activismo internacional, planea presentar una denuncia formal por el acoso recibido.
“La Barredora” y Tabasco, el trasfondo más delicado
La polémica también alcanza la gestión de Adán Augusto López como gobernador de Tabasco. Durante la entrevista se recordó que su entonces secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, ha sido señalado como presunto líder del grupo criminal “La Barredora”.
Este señalamiento apunta a una posible infiltración del crimen organizado en los niveles más altos del gobierno estatal, un punto que refuerza la exigencia de una investigación exhaustiva.
El caso expuesto por Vania Pérez pone sobre la mesa una pregunta clave: ¿hasta dónde llega la protección institucional cuando la corrupción toca al poder político? Mientras no haya respuestas oficiales, las denuncias, las amenazas y el posible exilio de una figura del SNA revelan la fragilidad de los mecanismos anticorrupción en México.
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