En los últimos meses, México se ha visto enfrentado a una de las investigaciones más profundas de su historia reciente sobre el tráfico ilegal de combustible conocido como “huachicol fiscal”. Lo que comenzó como aseguramientos de ferrotanques ha escalado hasta destapar una red de corrupción que involucra a altos mandos militares, marinos, funcionarios de aduanas y empresarios. El daño para las finanzas públicas, para la confianza ciudadana y para la credibilidad de instituciones se torna grave.
Desde al menos junio de 2023, los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna —vicealmirante y contralmirante de la Marina, respectivamente— han sido señalados como los cerebros de una operación que movía millones de litros de combustible ingresado de forma ilegal, disfrazado como aditivo para aceites lubricantes, lo que les permitía evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Según datos oficiales y periodísticos, se identificaron al menos 69 envíos ilegales, por un total de unos 564 millones de litros de combustible, y ganancias estimadas en 150 millones de dólares.
Un parte esencial de la historia fue el aseguramiento, en marzo de 2025, de un buque en Altamira, Tamaulipas con más de 10 millones de litros de diésel y 200 contenedores asociados. Esto dio inicio a investigaciones más amplias, que señalan complicidad en aduanas, agencias navales, empresas importadoras/exportadoras y puntos neurálgicos de vigilancia, transporte, rutas marítimas y terminales portuarias.
Ya están detenidos 14 personas ligadas al caso, entre ellas Manuel Roberto Farías Laguna; su hermano Fernando está prófugo. También se identificaron intermediarios como Miguel Ángel Solano Ruiz, conocido como “El Capitán Sol”.
La estrategia de corrupción también habría usado sobornos millonarios: por cada buque de combustible ilegal, ofrecían montos que rondaban 1.75 millones de pesos a quienes permitieran el desembarque, repartiendo el dinero entre subordinados mientras los líderes se quedaban con la parte más grande. Además, hay registros de uso de documentación apócrifa, empresas fachada, rutas marítimas desde EE. UU. y maniobras legales para simular actividad lícita.
El Gobierno Federal, mediante la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ha señalado que esta red comete delitos graves: delincuencia organizada, tráfico de hidrocarburos, lavado de dinero, uso indebido de funciones públicas, enriquecimiento inexplicable. Ya se buscan penas de 30 a 60 años de prisión para algunos de los implicados.
Pero la magnitud no sólo está en los números. Hay violencia alrededor: se reportan casos de personas que denunciaron o intentaron denunciar la red —como el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar— y que fueron asesinadas. Además, varias zonas del país están implicadas: Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Ciudad de México, Baja California.
Lo que está en juego es enorme: no sólo millones de litros de combustible o cientos de millones de pesos, sino la estructura de impunidad que permite a miembros de la Marina y autoridades en aduanas operar con grandes negocios ilícitos, mientras muchas veces la sociedad desconoce los mecanismos.
Funcionarios como Omar García Harfuch han insistido en que la investigación sigue abierta, que no hay tolerancia para la corrupción, y que van “hasta abajo”.
El reto es inmenso: limpiar la corrupción institucional, fortalecer transparencia en aduanas, frenar los esquemas de lavado, proteger a quienes denuncian, asegurar que la Marina y demás instituciones recuperen credibilidad cuando sus mandos están bajo sospecha.
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