El gobierno de México avanza en la definición de una reforma electoral de gran calado con la que busca reducir el tamaño del Congreso de la Unión y recortar de forma significativa el costo de los procesos electorales, uno de los más altos del mundo. La presidenta Claudia Sheinbaum coloca el tema como prioridad nacional ante el gasto proyectado de más de 25 mil millones de pesos para las elecciones de 2026.
Desde Palacio Nacional, la mandataria insiste en que el objetivo central es construir una democracia más austera, sin excesos ni estructuras duplicadas, pero con plena garantía del voto ciudadano.
Menos legisladores, menos gasto
Entre los ejes principales de la propuesta destaca la reducción del número de diputadas, diputados, senadoras y senadores, con la intención de contar con un Congreso más compacto y eficiente. La iniciativa también plantea disminuir el financiamiento público al Instituto Nacional Electoral (INE) y eliminar los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) para concentrar funciones y evitar duplicidades administrativas.
Otro punto clave es limitar el financiamiento a los partidos políticos exclusivamente a los periodos de campaña, eliminando las prerrogativas permanentes que, según el gobierno, representan un gasto injustificado para el erario.
Austeridad como bandera
Defensores de la reforma aseguran que existen gastos innecesarios dentro del sistema electoral, especialmente en áreas administrativas del INE, que pueden recortarse sin afectar la organización de elecciones libres y confiables. Para el oficialismo, esta transformación cumple una de las principales promesas de campaña de Sheinbaum: hacer más barata la democracia y reducir privilegios políticos.
Alertas y debate político
Sin embargo, la iniciativa ya genera un intenso debate. Críticos advierten que los cambios podrían debilitar la autonomía del INE, concentrar el poder electoral y reducir el pluralismo político, en especial para partidos pequeños. También alertan sobre el riesgo de una mayor centralización bajo el partido gobernante, Morena.
Desde el bloque oficialista responden que la reforma no busca controlar elecciones, sino ordenar un sistema costoso y sobredimensionado, que hoy —afirman— no guarda proporción con las necesidades del país.
Mientras el proyecto se afina, la reforma electoral se perfila como uno de los temas más polémicos y decisivos del nuevo sexenio, con implicaciones profundas para el equilibrio político y el futuro de la democracia mexicana.
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