Por Juan Pablo Ojeda
La Secretaría del Bienestar en Puebla confirmó la “separación voluntaria” de Anallely López Hernández, delegada de la microrregión 8 con sede en Libres, luego de que su nombre fuera relacionado con una presunta organización criminal. La dependencia informó que la funcionaria presentó su renuncia “por decisión personal”, aunque el anuncio llega justo después de que circularan versiones sobre su presunta detención y posibles vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El comunicado, emitido este 24 de octubre, señala que la decisión fue aceptada “en apego a los principios de transparencia, honestidad y servicio al pueblo” que rigen al gobierno estatal. La Secretaría también precisó que “será responsabilidad de las autoridades competentes determinar lo que en derecho corresponda”, deslindándose así de cualquier investigación penal en curso.
El caso de López Hernández ganó notoriedad nacional luego de que, en una de sus conferencias matutinas, la presidenta Claudia Sheinbaum fuera cuestionada directamente sobre la supuesta detención de la funcionaria. La mandataria fue tajante al desmentir la versión: “No, no es cierto. Es falso”. Aun así, la polémica ya había estallado.
De acuerdo con medios locales, López Hernández habría sido señalada por mantener presuntos nexos con el CJNG, al presumir una relación cercana con el empresario poblano Nazario “N”, detenido recientemente por delitos de extorsión y narcotráfico vinculados a dicho cártel en los estados de Jalisco y Puebla. La funcionaria negó cualquier vínculo personal y explicó que el contacto con Nazario “fue reciente y estrictamente laboral”, relacionado con gestiones comunitarias.
Sin embargo, su estilo de vida llamó la atención. Egresada en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), López Hernández mantenía una presencia activa en redes sociales, donde mostraba viajes frecuentes, regalos de marcas de lujo y automóviles de alta gama. En Instagram, compartía fotografías a bordo de un Jeep Wrangler Rubicon gris —con un valor superior al millón de pesos— que, según sus publicaciones, habría recibido como obsequio a principios de octubre.
Estos lujos contrastan con su salario oficial como delegada del Bienestar, registrado en 19 mil 444 pesos mensuales, cifra que difícilmente coincide con el nivel de vida que exhibía públicamente. Esa disparidad reforzó las sospechas y generó críticas sobre el control y la transparencia en las delegaciones regionales del programa social más grande del país.
Aunque hasta el momento no existen cargos formales en su contra, la salida de Anallely López Hernández evidencia el impacto político que pueden tener las denuncias de corrupción dentro de las estructuras del gobierno federal. La Secretaría del Bienestar intentó dar un mensaje de orden institucional, pero el caso ya abrió un nuevo frente de cuestionamientos sobre la vigilancia interna y el manejo de los recursos en los programas sociales.
Mientras tanto, las investigaciones locales y federales podrían definir si la renuncia de la exdelegada fue realmente una “decisión personal” o el primer paso para evitar un conflicto mayor que alcance a otras figuras de la administración pública.
Deja una respuesta