Jalisco a 12 de septiembre, 2025.- En el Congreso de Jalisco se dio este miércoles un paso serio para cerrar una brecha legal que ha dejado a niñas, niños y adolescentes expuestos al peor de los abusos: el reclutamiento forzado. La diputada Mónica Magaña convocó a una mesa de trabajo del Parlamento Abierto para revisar la propuesta de tipificar este delito en el Código Penal estatal, con sanciones que van de 15 a 30 años de prisión y multas millonarias, dependiendo del caso.
La iniciativa tiene varios ángulos profundos: además de castigar, se busca prevenir, proteger y dar atención a quienes ya fueron reclutados. Se contemplan agravantes si el delito es cometido por tutores, autoridades o servidores públicos, o si las víctimas se encuentran en situación de calle, discapacidad, migración, abandono familiar, etc.
Participan expertos en derechos humanos, magistrados, autoridades de seguridad, representantes de UNICEF, SIPINNA, vicefiscalía especializada, y sociedad civil, lo que aporta diversidad de miradas y conocimiento técnico para armar una redacción legal con alcance concreto.
¿Por qué es urgente? Porque aunque México lleva más de una década recibiendo llamados de organismos internacionales como la ONU para tipificar este delito, a nivel federal aún no existe una figura específica que lo sancione. Jalisco se convierte en uno de los estados que avanza con firmeza ante ese vacío legal.
Otro punto clave: no basta con castigar, sino también atender a las víctimas. Atención médica, psicológica, educativa, programas de reinserción social y familiar están dentro de las propuestas para acompañar a quienes ya han vivido el reclutamiento. También se busca coordinación entre municipios, instancias estatales, judiciales y de seguridad para que ningún niño quede olvidado.
Quedan retos enormes: definir claramente todas las modalidades del reclutamiento, lograr consenso legislativo, asegurar presupuesto real para prevención y atención, así como vigilancia para que las sanciones no queden solo en el papel. Pero lo que se vive hoy en Jalisco ya marca un antes y un después: la obligación política y social de proteger la infancia exige más que discursos. Y este esfuerzo podría convertirse en ejemplo para otros estados y para el país entero.
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