Por Juan Pablo Ojeda
La Fiscalía General de la República solicitó formalmente a los gobiernos de Estados Unidos y Argentina la extradición de dos exfuncionarios presuntamente vinculados con la red de corrupción encabezada por el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo.
El caso gira en torno al presunto desvío de más de tres mil millones de pesos destinados a la construcción de ocho cuarteles de policía en la entidad, uno de los montos más elevados observados en investigaciones recientes sobre corrupción estatal.
De acuerdo con fuentes federales, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, adscrita a la FGR, promovió las solicitudes de entrega contra Israel Patrón Reyes, exsecretario de Seguridad Pública estatal, y Guillermo Loaiza Gómez, exdirector del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo local. Ambos son considerados prófugos de la justicia mexicana.
Las investigaciones apuntan a que durante la administración de Aureoles se habrían autorizado contratos irregulares y pagos indebidos relacionados con la edificación de los complejos policiales, recursos que presuntamente no se aplicaron conforme a los fines establecidos.
Según la información oficial, Loaiza Gómez fue ubicado en territorio argentino, mientras que Patrón Reyes se trasladó a Estados Unidos. Las solicitudes de extradición ya fueron presentadas por la vía diplomática y ahora se espera la respuesta de los gobiernos involucrados y el inicio de los procedimientos judiciales correspondientes.
En febrero de 2025, Aureoles dejó Morelia tras conocerse que un juez federal libró órdenes de aprehensión en su contra y contra siete excolaboradores. Desde entonces, el exmandatario es considerado prófugo.
Por estos hechos ya fueron vinculados a proceso Carlos Maldonado Mendoza, J. Antonio Bernal Bustamante, Mario Delgado Carrillo y Elizabeth Villegas Pineda, quienes ocuparon cargos clave en la administración estatal.
La FGR ha reiterado que continuará las investigaciones para deslindar responsabilidades y buscar la recuperación de los recursos públicos presuntamente desviados. El caso mantiene relevancia nacional por su impacto financiero y político, así como por la coordinación internacional necesaria para concretar las extradiciones.
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