Por Juan Pablo Ojeda
La Fiscalía General del Estado de Chiapas confirmó la detención de Ernesto Cruz Díaz, alcalde de Cintalapa, en un operativo conjunto que marca un mensaje político y legal claro en una entidad golpeada por la violencia y la corrupción. El edil es señalado por su probable responsabilidad en delitos de ejercicio abusivo de funciones, abuso de autoridad, actos de corrupción y malversación de recursos públicos, de acuerdo con el comunicado oficial difundido por la autoridad estatal.
Además de estos señalamientos, la Fiscalía informó que se abrió una carpeta de investigación adicional para indagar una posible vinculación del presidente municipal con grupos criminales, un tema especialmente sensible en Chiapas, donde distintas organizaciones delictivas se disputan territorios estratégicos. Aunque la autoridad no precisó el grupo con el que presuntamente estaría relacionado Cruz Díaz, en la región se ha documentado la presencia tanto del Cártel Jalisco Nueva Generación como del Cártel de Sinaloa.
La captura se realizó con la participación de diversas corporaciones federales y estatales, entre ellas la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Para el gobierno chiapaneco, esta coordinación refleja una estrategia de mayor alcance para combatir la corrupción y el crimen organizado sin distinciones políticas.
Tras su detención, Ernesto Cruz Díaz fue trasladado a Tuxtla Gutiérrez para quedar a disposición del Ministerio Público, donde en las próximas horas se definirá su situación jurídica. La Fiscalía subrayó que esta acción forma parte de la política de Cero Corrupción y Cero Impunidad, y reiteró que cualquier funcionario que incurra en conductas delictivas será investigado y llevado ante la justicia.
En el plano político, la detención abre un nuevo escenario para el municipio de Cintalapa. De acuerdo con los procedimientos legales, se prevé que el Congreso de Chiapas designe a un alcalde sustituto para garantizar la continuidad administrativa, mientras avanzan las investigaciones. El caso se suma a una serie de acciones recientes que colocan bajo la lupa el desempeño de autoridades municipales en regiones donde la violencia y la infiltración criminal representan uno de los mayores retos de gobernabilidad.
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