Por Juan Pablo Ojeda
Las investigaciones federales sobre la desaparición de trabajadores mineros en Concordia, Sinaloa, han permitido reconstruir un escenario tan grave como revelador: las víctimas fueron secuestradas tras ser confundidas con integrantes de un grupo criminal rival, en una región marcada por disputas entre organizaciones delictivas.
De acuerdo con información oficial, los hechos ocurrieron el pasado 23 de enero, cuando los mineros —empleados de una empresa que opera en la zona serrana— fueron interceptados por un grupo armado que mantiene presencia en el área. Las indagatorias apuntan a que no existían amenazas previas ni indicios de vínculos de los trabajadores con actividades ilícitas; la privación de la libertad habría sido consecuencia directa de una identificación errónea en medio de la violencia que se vive en la región.
Las autoridades federales detallaron que esta línea de investigación se consolidó a partir de operativos de seguridad desplegados en Sinaloa y de los testimonios recabados a personas detenidas, lo que permitió esclarecer el móvil del ataque. No obstante, el caso sigue abierto con el objetivo de deslindar responsabilidades y establecer la cadena de mando dentro del grupo criminal involucrado.
Este lunes se confirmó uno de los momentos más dolorosos del caso: varios de los mineros desaparecidos fueron localizados sin vida en fosas clandestinas en la sierra de Concordia. La identificación se logró mediante trabajos periciales y con el acompañamiento de las familias, lo que generó una fuerte reacción de condena en el sector minero a nivel nacional.
Organizaciones empresariales, cámaras y asociaciones del gremio exigieron justicia, el esclarecimiento total de los hechos y mayores garantías de seguridad para quienes trabajan en regiones mineras del país. También reiteraron la urgencia de mantener como prioridad la búsqueda de los trabajadores que aún permanecen desaparecidos.
Desde el ámbito federal se ha insistido en que los operativos de seguridad en Sinaloa continuarán y que el caso no quedará impune. El crimen vuelve a colocar en el centro del debate los riesgos que enfrentan trabajadores en zonas controladas por el crimen organizado y la necesidad de reforzar la presencia del Estado para proteger actividades productivas clave en territorios golpeados por la violencia.
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