Cananea, Sonora a 3 de marzo de 2026 (Noticias de México).- El Plan de Justicia para Cananea y el Río Sonora entró en su fase de ejecución durante 2026, con el arranque de obras y acciones integrales que buscan atender una deuda histórica en materia ambiental, laboral, de salud y desarrollo social en la región, tras el derrame tóxico ocurrido en 2014 y el prolongado conflicto minero en Cananea. El proyecto contempla una inversión total de 2 mil 222.6 millones de pesos.

El plan tomó nuevo impulso luego de los acuerdos alcanzados en diciembre de 2025, entre ellos el levantamiento de la huelga de más de 18 años de la Sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros en la mina de Cananea, así como la puesta en marcha de un paquete de acciones para reparar daños y restituir derechos a las comunidades afectadas por la contaminación del Río Sonora.

De acuerdo con la distribución oficial de recursos, Grupo México aportará alrededor del 70.14 por ciento del fondo; el gobierno federal, el 21.7 por ciento; y el gobierno de Sonora, el 8 por ciento restante. Como parte de los primeros avances, en febrero de 2026 se concretó la liberación de recursos iniciales para el arranque de obras prioritarias, principalmente en el rubro de salud.

Uno de los ejes centrales del plan es la atención médica especializada. Entre las principales obras destaca la transformación del hospital de Ures en un Hospital Regional, con capacidad ampliada, consultorios de especialidad, atención intensiva, servicios renales, hemodiálisis y un laboratorio especializado en metales pesados y toxicología, enfocado en el seguimiento de afectaciones derivadas de la contaminación.

En materia de agua potable y saneamiento, el programa contempla la construcción de 16 nuevas plantas potabilizadoras, la instalación de 16 sistemas de desinfección y adecuaciones a infraestructura ya existente, además del fortalecimiento del monitoreo de la calidad del agua en la cuenca del Río Sonora. Estas acciones buscan reducir riesgos sanitarios en las comunidades ribereñas afectadas por el derrame.

El componente ambiental incluye estudios y monitoreo de suelos, sedimentos y cuerpos de agua, así como procesos de remediación en una zona impactada desde el derrame de 40 mil metros cúbicos de solución acidulada de sulfato de cobre en 2014, considerado uno de los desastres ambientales más graves de la minería en México. La afectación alcanzó a comunidades de municipios como Arizpe, Banámichi, Baviácora, Aconchi y Ures, entre otros.

Además del componente ambiental y sanitario, el plan contempla la liquidación e indemnización de alrededor de 650 mineros y más de 50 viudas, con lo que se busca cerrar uno de los capítulos laborales más prolongados en la historia reciente de Sonora. Autoridades federales y estatales han señalado que los avances del plan serán informados de manera periódica a lo largo de 2026, en lo que se perfila como uno de los procesos de justicia social y ambiental más relevantes en el país.

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