Por Juan Pablo Ojeda
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dieron un paso importante para mejorar la identificación de personas fallecidas al firmar un convenio para crear el Programa de Recuperación y Análisis de Cuerpos, una estrategia que busca atender uno de los vacíos más sensibles en materia forense y de derechos humanos.
La firma corrió a cargo de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses (ENaCiF), cuya directora, Zoraida García Castillo, explicó que especialistas del Laboratorio de Antropología y Odontología Forense aportarán su experiencia para asesorar a las áreas que lo requieran. Destacó que la capital se ha convertido en pionera en prácticas de inhumación controlada, organizadas y con objetivos claros, lo que permite evitar que más personas permanezcan sin identificar durante largos periodos.
Según García Castillo, este trabajo coordinado facilita contactar a las familias cuando se logra una identificación: “Se trata de que cuando se puede reconocer a una persona, se haga la entrega y se cierre ese ciclo”.
Con el convenio, la ENaCiF se comprometió a colaborar en procesos de exhumación e identificación desde disciplinas clave como arqueología, antropología, odontología, genética y dactiloscopía. La Fiscalía informó que el documento tendrá una vigencia de cinco años e incluye capacitación y asesoría técnica para fortalecer las áreas forenses.
La fiscal Bertha María Alcalde destacó que este acuerdo se suma a la reciente apertura del Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas y forma parte de una estrategia más amplia que integra atención inmediata, investigación y fortalecimiento forense. Reconoció que es urgente mejorar la identificación de personas que terminan en fosas comunes o panteones ministeriales, ya sea porque no se logró reconocerlas o porque, aun siendo identificadas, no fueron reclamadas.
“Para nosotros es fundamental el acompañamiento de la UNAM. Entre mayor transparencia y coordinación con expertos, mejor será el proceso”, subrayó Alcalde, al recordar que la relación entre ambas instituciones es de larga data. La entonces Procuraduría colaboró en la creación de la carrera en ciencias forenses, cuyos estudiantes hoy realizan prácticas, servicio social e incluso encuentran oportunidades laborales en la Fiscalía.
García Castillo coincidió en que esta colaboración ha permitido consolidar una formación profesional sólida, útil y orientada a necesidades reales del país, desde la investigación de delitos hasta el desarrollo de políticas criminales.
La alianza refuerza el trabajo conjunto entre la academia y las instituciones de justicia, con el objetivo de dar respuestas más rápidas y humanas a las familias que buscan a un ser querido.
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