Ciudad de México, 9 de noviembre de 2025.— El Congreso de la Ciudad de México exhortó al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nacional) a supervisar y evaluar el funcionamiento del Nacional Monte de Piedad, Institución de Asistencia Privada (I.A.P.), por presuntas irregularidades en la operación, el trato a su personal y el manejo de recursos destinados a labores sociales.
El llamado fue presentado por el diputado Juan Estuardo Rubio Gualito, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien recordó que el pasado 30 de septiembre alrededor de mil 700 trabajadores de dicha institución iniciaron una huelga ante el incumplimiento de sus derechos laborales. La protesta fue consecuencia de decisiones administrativas que, de acuerdo con las y los empleados, recortaron prestaciones adquiridas.
El legislador expuso que, entre las afectaciones denunciadas por el personal, se encuentran la eliminación de tiempos de comida, la falta de espacios adecuados para el descanso y la ausencia de pagos de jubilación, condiciones que calificó como contrarias a los principios de asistencia social y respeto a la dignidad laboral.
Durante su intervención, Rubio Gualito resaltó que el Nacional Monte de Piedad fue fundado con el propósito de apoyar a los sectores más vulnerables de la población mediante préstamos prendarios con tasas accesibles. Sin embargo, señaló que actualmente la institución aplica tasas de interés superiores al 80 por ciento anual, cifra que supera la de diversas entidades bancarias comerciales.
El diputado afirmó que este modelo financiero contradice la misión social de la institución, cuyo carácter de asistencia privada debería priorizar el beneficio colectivo y no generar esquemas que incrementen la carga económica de quienes recurren a sus servicios.
Asimismo, Rubio Gualito hizo referencia a investigaciones periodísticas que indican que el Nacional Monte de Piedad goza de un régimen fiscal preferente, con exenciones que representan alrededor del 40 por ciento de sus ingresos anuales. No obstante, sólo destinaría el 2.6 por ciento de estos recursos a programas de apoyo social, pese a su compromiso histórico de fomentar acciones comunitarias.
En este contexto, el Congreso capitalino solicitó al DIF Nacional ejercer sus atribuciones como organismo coordinador del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, con el objetivo de verificar que la operación del Monte de Piedad mantenga coherencia con los principios establecidos en su acta constitutiva.
La propuesta también busca garantizar el respeto a los derechos laborales de las y los trabajadores, quienes han solicitado intervención institucional para alcanzar acuerdos justos con el patronato de la organización.
Finalmente, el legislador subrayó que la supervisión no pretende afectar la continuidad del servicio público que ofrece el Nacional Monte de Piedad, sino asegurar su correcto funcionamiento y su compromiso con la sociedad.
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