Por Juan Pablo Ojeda
Lo que debía ser una sesión más en el Congreso de la Ciudad de México terminó convertido en un episodio de gritos, protestas y hasta empujones. El detonante fue la aprobación de una reforma constitucional que desaparece al INFO CDMX, el organismo encargado de garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales en la capital. La decisión, impulsada por Morena y sus aliados, no solo encendió el debate político, sino que rompió de lleno el frágil equilibrio entre mayoría y oposición.
Para entender el fondo del conflicto hay que ir a lo básico. El INFO CDMX existe desde hace 19 años y su función ha sido servir como árbitro entre la ciudadanía y el gobierno cuando alguien pide información pública y no se la quieren dar, o cuando hay dudas sobre el uso de datos personales. Su autonomía era clave: no dependía del gobierno al que debía vigilar. Justamente eso es lo que cambia con la reforma aprobada.
Con la nueva Constitución local, el INFO CDMX deja de existir como organismo autónomo y sus funciones pasarán a un órgano desconcentrado que dependerá de la Contraloría General del gobierno capitalino. Es decir, la transparencia quedará bajo el paraguas del propio Ejecutivo local. La tensión se disparó cuando, ya avanzada la sesión, Morena agregó una reserva para que este nuevo órgano no fuera colegiado, sino que quedara en manos de un solo comisionado, una figura que concentrará las decisiones.
Para la oposición, esto cruzó una línea roja. PAN, PRI y Movimiento Ciudadano acusaron que se eliminan contrapesos, se debilita la rendición de cuentas y se pone en riesgo el derecho ciudadano a saber cómo se usan los recursos públicos. En señal de protesta, las bancadas opositoras abandonaron el pleno antes de la votación, que aun así se realizó con 45 votos a favor de Morena y sus aliados.
Desde la óptica de Morena, el argumento es otro: aseguran que no se eliminan derechos, sino que se simplifican estructuras, se reduce burocracia y se ahorran recursos, en sintonía con la política de austeridad y con la reforma federal que previamente extinguió al INAI. El dictamen, además, contempla un periodo de transición de hasta seis meses y promete respetar los derechos laborales del personal del organismo.
Pero el debate no se quedó en lo técnico. Cuando diputadas del PAN se enteraron del cambio de último momento para dejar a un solo comisionado, tomaron la tribuna. A partir de ahí, la sesión se descompuso rápidamente. Pancartas, consignas y reclamos dieron paso a empujones, jaloneos y golpes entre legisladoras y legisladores, obligando a suspender momentáneamente la sesión. La imagen final fue la de un Congreso polarizado, incapaz de procesar una decisión de alto impacto sin llegar a la confrontación física.
Más allá del escándalo, la discusión de fondo es qué modelo de transparencia quiere la Ciudad de México. Un organismo autónomo, con independencia para incomodar al poder, o una estructura dependiente del propio gobierno, bajo la promesa de eficiencia y austeridad. La desaparición del INFO CDMX marca un antes y un después en la forma en que se vigila al poder local, y deja abierta una pregunta incómoda: ¿quién cuidará ahora al vigilante?
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