Habitantes de alcaldías como Xochimilco, Álvaro Obregón y Benito Juárez han manifestado su rechazo a los proyectos al señalar que las decisiones sobre las ubicaciones se tomaron sin procesos formales de participación ciudadana ni estudios de impacto ambiental públicos, como lo establece la normatividad vigente en materia de desarrollo urbano.
De acuerdo con testimonios vecinales y pronunciamientos de colectivos ciudadanos, los proyectos fueron anunciados de manera unilateral, sin mesas de trabajo previas ni mecanismos de diálogo efectivo que permitieran incorporar las necesidades reales de las comunidades directamente afectadas.
Uno de los casos más citados es el del Deportivo Xochimilco, donde, según los residentes, la construcción de una Utopía implicaría la eliminación de tres campos de beisbol y dos de futbol. Estos espacios son utilizados de manera regular por ligas locales, escuelas deportivas y familias que acuden los fines de semana, lo que, aseguran, afectaría la vida comunitaria y la práctica del deporte social.
Situaciones similares se han señalado en espacios como el Parque Japón, en la alcaldía Álvaro Obregón, y el Centro SCOP, en Benito Juárez, los cuales ya funcionan como puntos de encuentro comunitario. Vecinos advierten que la instalación de Utopías en estos sitios podría duplicar funciones existentes, sin atender de fondo las carencias de equipamiento en zonas con mayor rezago social.
Ante el avance de los proyectos, los inconformes han recurrido a acciones legales como la presentación de amparos, así como a bloqueos y movilizaciones pacíficas, con el objetivo de frenar las obras. Entre sus principales demandas se encuentra la redirección de recursos públicos al mantenimiento, rehabilitación y fortalecimiento de los deportivos y espacios públicos ya existentes.
Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, ha sostenido públicamente que existen mesas de diálogo semanales con vecinos para atender las inquietudes relacionadas con las Utopías. Sin embargo, representantes vecinales han negado la existencia de estos encuentros o han señalado que no han sido convocados de manera formal.
Las organizaciones ciudadanas insisten en que el desarrollo de infraestructura social debe realizarse con apego a los principios de participación ciudadana, transparencia y respeto a la memoria comunitaria, conforme a lo establecido en la Constitución de la Ciudad de México y en la Ley de Participación Ciudadana local.
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