Adriana Marín ocupa el área de comunicación digital del Grupo Parlamentario de Morena en la III Legislatura del Congreso capitalino, desde donde coordina estrategias en plataformas digitales y participa de manera activa en debates públicos relacionados con temas políticos y sociales, de acuerdo con información institucional del propio Congreso de la Ciudad de México.
La polémica se originó a partir de su participación en noviembre de 2025 en el programa Razonados, transmitido por el medio La Razón, donde señaló que el narcotráfico recluta entre 160 mil y 185 mil personas al año, al ofrecer alternativas económicas que, en su opinión, ni el Estado ni el sector privado han logrado cubrir de manera suficiente.
Durante dicha intervención, Marín sostuvo que esta realidad dificulta la erradicación de las organizaciones criminales si no se acompaña de políticas sociales integrales orientadas a generar oportunidades laborales y atender las causas estructurales de la violencia. Asimismo, aclaró que sus comentarios no pretendían justificar al crimen organizado, sino describir un fenómeno social complejo.
El video con estas declaraciones comenzó a circular ampliamente en redes sociales a inicios de enero de 2026, lo que detonó críticas por parte de usuarios y analistas que consideraron que el mensaje podía interpretarse como una minimización de la violencia ejercida por los grupos criminales en el país.
Ante la controversia, integrantes y voceros de Morena salieron en defensa de la funcionaria, al señalar que sus expresiones fueron sacadas de contexto y que el objetivo era visibilizar la falta de oportunidades laborales como un factor que contribuye al reclutamiento por parte del crimen organizado, según posicionamientos difundidos por el propio grupo parlamentario.
El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso local subrayó que el enfoque de sus políticas públicas busca atender las causas sociales de la inseguridad, mediante programas de bienestar, educación y empleo, en concordancia con la estrategia de seguridad impulsada a nivel federal y local.
Hasta el momento, ni el Congreso de la Ciudad de México ni la dirigencia nacional de Morena han anunciado sanciones o procedimientos internos relacionados con el caso, mientras el debate continúa en la opinión pública sobre los alcances y responsabilidades del discurso político en temas de seguridad y crimen organizado.
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