Desde el Antimonumento a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sobre Paseo de la Reforma, habitantes del predio República de Cuba 11, en el Centro Histórico, encabezaron la movilización que avanzó hacia Donceles y Allende. A la protesta se sumaron residentes de inmuebles ubicados en Tonalá, Mar Blanco y del pueblo originario de Xoco, quienes acusaron prácticas de desalojo sin protocolos y ausencia de alternativas habitacionales.
La movilización inició alrededor de las 12:30 horas y reunió a cerca de 300 personas, de acuerdo con estimaciones de los propios organizadores. Participaron colectivos como el Frente por la Vivienda Joven y Migala MX, que durante el trayecto corearon consignas como “¡Mi casa es un derecho, no una mercancía!”, en demanda de frenar la especulación inmobiliaria y garantizar procesos legales con enfoque de derechos humanos.
Al llegar al Congreso de la Ciudad de México, una comisión entregó una iniciativa legislativa que propone restablecer los protocolos contra desalojos que fueron eliminados en 2019, así como tipificar sanciones penales contra quienes incurran en despojos y establecer medidas para regular la especulación inmobiliaria. El documento fue dirigido a diputadas y diputados locales, según informaron los manifestantes.
Uno de los casos emblemáticos es el de República de Cuba 11, donde más de 30 familias perdieron 19 departamentos y ocho locales comerciales tras un desalojo ocurrido en agosto de 2025. Desde entonces, los afectados permanecen en un campamento improvisado en la vía pública; denunciaron que, en más de 100 días, se han registrado dos fallecimientos presuntamente asociados al estrés y a la exposición al frío, mientras los apoyos gubernamentales han sido limitados.
Otros desalojos señalados ocurrieron en Mar Blanco 102, en octubre pasado; Tonalá 125, en la colonia Roma; y en el pueblo de Xoco, donde vecinos han denunciado afectaciones por megaproyectos inmobiliarios como Plaza Mitikah, que —aseguran— invaden tierras de origen comunitario y encarecen la vivienda en la zona.
Las y los manifestantes sostuvieron que, pese a reformas previas en la legislación local, persiste la falta de diálogo con autoridades y la ausencia de mecanismos efectivos para proteger a las personas desalojadas. También advirtieron que la presión inmobiliaria podría intensificarse conforme se acerque el Mundial 2026, elevando el riesgo de nuevos desplazamientos forzados.
De acuerdo con información institucional del Congreso de la Ciudad de México, las iniciativas ciudadanas pueden ser turnadas a comisiones para su análisis y eventual dictaminación. En tanto, autoridades capitalinas han señalado en comunicados previos que los desalojos deben realizarse conforme a la ley y con apego a los derechos humanos, aunque los colectivos denunciantes insistieron en que esos lineamientos no se están cumpliendo en la práctica.
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