El convenio establece que Airbnb.org facilitará estancias sin costo para personal de Protección Civil de la Ciudad de México y grupos voluntarios registrados que sean desplegados a zonas afectadas, así como para comunidades damnificadas en caso de desastre. El alojamiento será financiado íntegramente por la organización sin fines de lucro, utilizando la plataforma de Airbnb y la red de anfitriones solidarios.
La alianza no surge de cero. Ambas partes ya habían colaborado durante las inundaciones y deslizamientos de tierra ocurridos en Veracruz en octubre de 2025, cuando Airbnb.org proporcionó alojamiento gratuito a brigadistas capitalinos enviados a apoyar a familias afectadas. Ese antecedente evidenció, según las instituciones, la utilidad operativa de contar con esquemas ágiles de hospedaje para personal de primera línea.
Desde la perspectiva institucional, la secretaria de la SGIRPC, Myriam Urzúa, destacó que el bienestar físico y emocional de los brigadistas es un factor determinante para una respuesta eficaz ante emergencias. En ese sentido, el acuerdo busca cubrir una de las carencias recurrentes en los despliegues: condiciones de descanso seguras y dignas para quienes atienden la crisis.
En el plano operativo, brigadistas de la propia dependencia han subrayado que contar con alojamiento cercano y confiable permitió mantener la continuidad de las labores de auxilio durante la emergencia en Veracruz, reduciendo tiempos de traslado y desgaste del personal. Este elemento, aunque poco visible, suele incidir directamente en la eficiencia de las tareas de rescate y apoyo humanitario.
Airbnb.org, por su parte, informó que desde su creación en 2020 ha facilitado 1.6 millones de noches de alojamiento temporal gratuito a más de 250 mil personas en casi 140 países. Su director ejecutivo, Christoph Gorder, señaló que el acuerdo con Protección Civil de la CDMX permitirá actuar con mayor rapidez y coordinación directa con autoridades locales en futuros desastres.
No obstante, el anuncio también abre un debate crítico sobre la dependencia creciente de apoyos de organizaciones privadas y filantrópicas para cubrir funciones que, idealmente, deberían estar plenamente contempladas en los planes y presupuestos públicos de gestión de riesgos. La alianza representa una solución práctica e inmediata, pero también evidencia los límites estructurales de la infraestructura gubernamental para atender emergencias de gran escala.
En conjunto, el convenio refuerza la narrativa de corresponsabilidad entre sector público y sociedad civil frente a desastres, y plantea un modelo de cooperación que podría replicarse en otras entidades del país. Su efectividad, sin embargo, dependerá de la transparencia en su implementación, la claridad de los criterios de activación y su integración real a los protocolos oficiales de protección civil.
Fuentes institucionales:
Deja una respuesta