Por Juan Pablo Ojeda
La discusión sobre la desaparición del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México no solo sacudió al Congreso local, también dejó una escena poco común: empujones, jaloneos y acusaciones cruzadas entre legisladoras. Tras los hechos, la diputada del PAN, Claudia Susana Pérez Romero, salió a dar la cara y fijar postura sobre lo ocurrido en el pleno, dejando claro que, desde su óptica, lo que estaba en juego no era un trámite legislativo más, sino el modelo de acceso a la información pública en la capital.
En conferencia de prensa, la panista explicó que la toma de la tribuna por parte de su bancada buscaba frenar un dictamen que, según dijo, cambia de fondo la manera en que la ciudadanía puede exigir cuentas al gobierno. Para el PAN, la extinción del InfoCDMX y su sustitución por un órgano dependiente del Ejecutivo local representa un retroceso, porque elimina la autonomía que permitía vigilar al poder sin interferencias.
Pérez Romero aseguró que la protesta fue pacífica y que el conflicto físico se desató cuando legisladoras de Morena intentaron retirar a la oposición de la tribuna. En ese forcejeo, afirmó, varias diputadas del PAN resultaron agredidas. Entre ellas, destacó el caso de Daniela Álvarez, quien —según relató— ya se encontraba lesionada antes del incidente y aun así fue jaloneada durante la confrontación. Ante ese escenario, dijo, su grupo parlamentario decidió abandonar la sesión como señal de inconformidad y protesta por lo ocurrido.
La versión fue respaldada por la propia diputada Daniela Álvarez Camacho, quien narró que resultó lesionada mientras intentaba mantenerse en la tribuna. Aseguró que fue empujada y jaloneada, y que las agresiones quedaron registradas en video. Además, denunció un ambiente de hostilidad fuera del recinto legislativo, donde, según su testimonio, personas encapuchadas increparon a legisladores del PAN y del PRI. Álvarez adelantó que presentará las denuncias correspondientes por las agresiones sufridas.
Más allá del choque físico, el PAN quiso llevar la discusión al terreno de fondo. Sus legisladores explicaron que, tras los cambios constitucionales en materia de transparencia, las entidades federativas deben armonizar sus leyes. En ese proceso, señalaron, su propuesta era clara: crear un órgano descentralizado y colegiado, es decir, con varias personas tomando decisiones, para conservar la deliberación interna y los contrapesos. Sin embargo, acusaron que Morena empujó un modelo distinto, desconcentrado y unipersonal, que concentra las decisiones en una sola figura.
Según el PAN, incluso existía un acuerdo previo para que el nuevo órgano fuera colegiado, pero este se modificó a última hora mediante una reserva presentada el mismo día de la sesión, lo que terminó por detonar la protesta y el conflicto en el pleno.
El PRI también se sumó a las críticas. Su coordinación parlamentaria condenó la violencia registrada durante la sesión, expresó respaldo a las legisladoras agredidas y acusó el incumplimiento de acuerdos legislativos relacionados con el dictamen de transparencia. Como medida de presión, anunció que presentará acciones legales por los hechos y que no participará en la discusión del presupuesto, al considerar que no existen condiciones para seguir con el proceso legislativo.
Lo ocurrido en el Congreso de la Ciudad de México dejó al descubierto no solo una profunda división política, sino también una discusión de fondo sobre cómo se garantiza la transparencia y quién vigila al poder. Entre acusaciones, denuncias y sesiones rotas, la pregunta sigue en el aire: si el diálogo se rompe en el Congreso, ¿quién defiende el derecho de la ciudadanía a saber?
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