Ciudad de México, 14 de noviembre de 2025. A pesar de que el Congreso capitalino aprobó este año reformas para endurecer las sanciones contra quienes aparten o cobren por espacios de estacionamiento en la vía pública, los franeleros continúan operando en diversas zonas de la ciudad. La medida, que contempla arrestos de hasta 36 horas, no ha logrado frenar esta práctica debido a problemas persistentes de corrupción policial y falta de supervisión efectiva, de acuerdo con autoridades locales.
Las reformas a la Ley de Cultura Cívica, aprobadas por el Congreso de la Ciudad de México, buscan sancionar el uso indebido del espacio público mediante multas y arrestos. Según el dictamen, estas acciones tienen como objetivo “garantizar el libre tránsito y proteger el patrimonio de las personas usuarias de la vía pública” (Congreso de la CDMX). No obstante, en zonas como Roma, Condesa, Polanco y Coyoacán se mantiene la presencia activa de franeleros que controlan lugares y exigen pagos a automovilistas.
Vecinos de estas colonias reportan que las tarifas impuestas oscilan entre 40 y 150 pesos por día, aunque en zonas de alta demanda pueden alcanzar hasta 250 pesos por hora. En caso de negarse a pagar, algunos automovilistas han denunciado amenazas o daños a sus vehículos, lo que evidencia la persistencia de dinámicas de control territorial.
De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), varios de estos grupos operan con estructuras internas encabezadas por “líderes de zona” y, en ciertos casos, podrían vincularse con actividades delictivas como extorsión o narcomenudeo. Sin embargo, la misma dependencia reconoce que la aplicación de sanciones enfrenta obstáculos derivados de la corrupción dentro de algunos cuerpos policiacos.
En su informe más reciente, el Gobierno de la Ciudad de México admitió que aún existe “tolerancia institucional” que dificulta la eliminación de esta práctica, señalando que se requiere fortalecer la supervisión territorial y depurar estructuras operativas en la SSC. A ello se suma la falta de un orden claro entre autoridades administrativas y de seguridad responsables del espacio público.
Como parte de la reforma de 2025, se implementaron programas de capacitación para franeleros, con el objetivo de informarles sobre las nuevas disposiciones legales e incentivar su transición hacia actividades reguladas. No obstante, estos esfuerzos han sido insuficientes para modificar una práctica arraigada desde hace décadas en la capital.
Expertos en movilidad urbana del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva señalan que el fenómeno de los franeleros no solo representa un problema de orden público, sino también una señal de fallas estructurales en la gestión del espacio urbano y en la política de empleo. La alta demanda de estacionamiento, la insuficiente oferta de trabajo formal y la falta de vigilancia coordinada alimentan este mercado informal.
Para organizaciones civiles como México Evalúa, la solución requiere un enfoque integral que combine estrategias de movilidad, programas de empleo y reformas para fortalecer la rendición de cuentas policial. “Sin mecanismos efectivos de supervisión y sin alternativas laborales reales, las sanciones por sí solas no resolverán el problema”, advierten en su análisis sobre gobernanza local.
Mientras tanto, automovilistas y residentes continúan enfrentando una práctica que las leyes ya prohíben, pero que persiste por la debilidad institucional y la falta de acciones sostenidas. Aunque la reforma legal representa un avance normativo, su eficacia sigue limitada por factores sociales, económicos y administrativos aún no resueltos en la capital.
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