El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) reconoció la aprobación de la reforma al Artículo 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, mediante la cual dependencias, alcaldías y entidades públicas no podrán recibir propuestas ni firmar contratos con personas físicas o morales sancionadas por prácticas discriminatorias mediante resolución firme de una autoridad competente.
La iniciativa, presentada por la diputada Jannete Guerrero Maya, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso capitalino, establece un criterio verificable y obligatorio: quienes busquen contratar con el Gobierno de la Ciudad de México deberán acreditar que no han cometido actos de discriminación en los últimos tres años, de acuerdo con resoluciones jurisdiccionales o administrativas, incluidas las emitidas por el propio COPRED.
De acuerdo con el organismo, esta medida representa un avance significativo para garantizar que los recursos públicos se ejerzan bajo estándares de igualdad, dignidad y no discriminación, conforme a la Constitución de la Ciudad de México, los tratados internacionales de derechos humanos y los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos de la ONU.
El COPRED destacó que más del 70 % de los actos de discriminación denunciados en la capital ocurren en espacios laborales y establecimientos mercantiles, afectando principalmente a mujeres, población LGBTTTI+ y personas con discapacidad. Por ello, la reforma busca incentivar que las empresas adopten políticas reales de inclusión y transformen sus prácticas internas.
El organismo enfatizó que la evidencia recabada en sus procesos de atención de quejas confirma la necesidad de contar con herramientas legales que prevengan y eliminen la discriminación en el sector privado, particularmente en ámbitos donde se administran recursos públicos o se prestan servicios financiados por el Estado.
Con esta reforma, la Ciudad de México consolida su liderazgo nacional e internacional en políticas públicas de igualdad y promueve un modelo de contratación responsable que favorece espacios libres de discriminación, fortalece la debida diligencia empresarial y contribuye a cerrar brechas estructurales que enfrentan grupos de atención prioritaria.
Finalmente, el COPRED reiteró su compromiso con el trabajo conjunto entre sector público y privado, e invitó a las empresas establecidas en la capital a sumarse al “Gran Acuerdo por el Trato Igualitario”, estrategia destinada a apoyar la implementación de políticas de inclusión y diversidad. La información sobre esta plataforma está disponible en su sitio institucional.
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