La senadora Carolina Viggiano Austria advirtió que la reforma judicial propuesta limita el acceso al juicio de amparo al exigir acreditar un daño real y actual, lo que pone en riesgo la protección de derechos frente a actos de autoridad. También señaló la insuficiencia de jueces en México para atender la demanda y el riesgo de incentivar el incumplimiento de sentencias, durante entrevista con medios.
La reforma busca que los jueces impongan mayores requisitos para admitir amparos y pueda haber obstáculos para ejecutar sentencias, como falta de recursos para cumplimiento. “Si quieres suspender una obra porque va a afectar tu salud o el ambiente, ahora tienes que demostrar un daño presente, y eso limita el amparo que protege contra actos que podrían destruir derechos”, explicó Viggiano.
Destacó que la carga judicial es alta: México cuenta con solo 4 jueces por cada 100 mil habitantes, cuando la OCDE recomienda 65. Esto dificulta resolver juicios en tiempo y forma, a pesar de plazos más cortos. “Para mejorar la justicia necesitamos más presupuesto y jueces, no solo acortar tiempos,” dijo la legisladora.
La senadora señaló además que la reforma elimina el amparo con efectos generales, lo que obliga a litigar caso por caso, incrementando la carga en tribunales y perjuicio para comunidades más vulnerables, como indígenas. Citó ejemplos recientes de afectación ambiental en Tula y Cadereyta, y urgió a un parlamento abierto para discutir la reforma con expertos y comunidades afectadas.
Respecto a la escasez de medicamentos en hospitales, atribuyó la falta de cumplimiento de proveedores a los obstáculos generados en la administración actual, pero también reconoció la complejidad del sistema. “No dudo que hubo corrupción, pero es un problema complejo,” comentó.
Sobre denuncias de corrupción en el gobierno federal, la senadora calificó al actual presidente como responsable de destrucción institucional y criticó la falta de transparencia en recursos públicos y justicia. Comentó que se ha cuestionado el manejo irregular de fondos en programas y que la oposición exige igualdad en la aplicación de la ley.
No se descartó una posible solicitud de juicio político contra el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, condicionando su impulso a criterios de imparcialidad y legalidad.
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