El diputado Arturo Ávila Anaya, vocero del Grupo Parlamentario de Morena, presentó este lunes una denuncia formal ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) contra el Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. El legislador señaló que existen elementos para acreditar propaganda simulada, uso indebido de recursos y triangulación financiera a través de contratos con particulares.
Ávila Anaya explicó que la denuncia se centra en el caso de Edson Saúl Andrade Lemus, un joven que se presentó públicamente como activista apartidista, pero que presuntamente mantenía un contrato con el PAN por más de 2 millones de pesos, con pagos mensuales cercanos a 175 mil pesos. Según el diputado, este acuerdo habría servido para financiar la operación de al menos siete personas adicionales dedicadas a actividades de comunicación y difusión.
El legislador afirmó que la presidenta del PAN CDMX, Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, reconoció públicamente la existencia del contrato y su uso para cubrir conceptos distintos a los establecidos en el documento. Para Morena, este reconocimiento constituye una prueba esencial que apunta a prácticas irregulares en el manejo de recursos partidistas y a posibles violaciones al artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos.
Entre las irregularidades señaladas destacan gastos no reportados, aportaciones prohibidas, estructura de propaganda encubierta y subcontratación opaca. Ávila enfatizó que la ley prohíbe utilizar contratos con un objeto específico para financiar actividades distintas, pues ello impediría la verificación del destino real del financiamiento público otorgado a los partidos políticos.
El diputado solicitó que el INE abra un procedimiento de oficio para auditar a fondo los contratos del PAN CDMX, al considerar que se trata de hechos públicos, notorios y verificables. Subrayó que la denuncia no solo involucra al joven Andrade Lemus, sino al posible uso sistemático de esquemas de pagos paralelos para financiar estrategias digitales o actividades de propaganda sin reportarlas a la autoridad electoral.
Al ser cuestionado sobre las sanciones aplicables, Ávila indicó que, de comprobarse las irregularidades, las consecuencias podrían incluir multas, procedimientos administrativos y, en casos graves, la pérdida del registro del partido. Añadió que Morena analiza la posibilidad de llevar el caso también ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL) si se identifica la comisión de conductas tipificadas como delitos.
El legislador marcó distancia entre este caso y las actividades de comunicadores afines a Morena, señalando que la diferencia radica en la existencia de un contrato financiado con recursos públicos del partido. Aseguró que el tema no se relaciona con la libertad de expresión, sino con el uso y destino del financiamiento partidista.
Ávila Anaya declaró que espera una respuesta pronta del INE debido a los tiempos establecidos por la legislación electoral. El documento presentado incluye los elementos que, a juicio del legislador, acreditan una conducta reiterada y reconocida públicamente por la dirigencia panista en la capital del país.
El diputado concluyó señalando que la investigación deberá esclarecer el origen, destino y licitud del financiamiento vinculado al contrato, así como el posible uso de recursos públicos en actividades no reportadas, en un contexto donde la fiscalización es obligatoria para garantizar equidad y autenticidad en la vida democrática.
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