La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incluyó en el Paquete Económico 2026 una propuesta para reformar el Código Fiscal de la Federación y facultar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para acceder en tiempo real a datos de plataformas digitales. La iniciativa se discute actualmente en el Congreso de la Unión.
El eje central de la reforma es el nuevo artículo 30-B del Código Fiscal, que obligaría a plataformas como Netflix, Amazon, Spotify, Tinder, Zoom y Mercado Libre a conectar sus sistemas con el SAT mediante interfaces de programación o mecanismos similares. De no hacerlo, la autoridad podría ordenar el bloqueo temporal del servicio en México.
Según la propuesta, la obligación de conexión sería permanente, en línea y en tiempo real, para que el SAT reciba información sobre transacciones, suscripciones y operaciones comerciales. También aplicaría a empresas extranjeras que operen en México, con el objetivo de verificar el cumplimiento de obligaciones como el IVA y el ISR.
En caso de incumplimiento, el SAT podría notificar a los proveedores de internet —como Telcel, Telmex o AT&T— para que bloqueen temporalmente el acceso a la aplicación o sitio web en territorio nacional. El bloqueo sería reversible una vez entregados los datos requeridos, aunque la duración del mismo no está definida y podría extenderse durante varios días.
La reforma también contempla nuevos esquemas de retención fiscal para plataformas digitales. Se propone, por ejemplo, una retención de ISR del 4 % para personas morales que operen a través de plataformas digitales y tasas más altas cuando las empresas no cuenten con un Registro Federal de Contribuyentes nacional.
El proyecto ha generado reacciones divididas. Diversos sectores empresariales y asociaciones tecnológicas han advertido que la medida podría vulnerar derechos de privacidad y protección de datos, al permitir el acceso directo a sistemas privados. En contraste, la SHCP argumenta que la iniciativa busca combatir la evasión fiscal y garantizar equidad tributaria entre compañías digitales nacionales y extranjeras.
Hasta el 15 de octubre de 2025, la reforma permanece en análisis dentro del Paquete Económico 2026. Se prevé que la votación final ocurra en noviembre, mientras el sector tecnológico y los legisladores buscan un equilibrio entre la recaudación fiscal y la protección de los derechos digitales.
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