Angélica Beltrán, Noticias de México
Ciudad de México, 29 de mayo de 2026 (Noticias de México).- El Senado de la República aprobó la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, un nuevo órgano que analizará perfiles de aspirantes a cargos de elección popular para identificar posibles riesgos de vínculos con actividades ilícitas antes de su registro oficial.
La reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales fue avalada en lo general con 85 votos a favor y 40 en contra, mientras que en lo particular obtuvo 84 votos favorables y 41 en contra, luego de que el pleno rechazó las reservas presentadas por legisladores del PAN y PRI. El proyecto fue remitido al Ejecutivo Federal para su promulgación.
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, sostuvo que la medida responde a una demanda de interés nacional para fortalecer la integridad de las candidaturas y prevenir la infiltración de intereses ilícitos en los procesos democráticos. Argumentó que la cercanía de futuros procesos electorales hacía necesaria una resolución inmediata para brindar certeza jurídica y confianza ciudadana.
De acuerdo con la minuta, la nueva comisión funcionará como un órgano integrado por tres consejeras o consejeros electorales, con encargos de tres años y una presidencia rotativa anual. Su función será recibir, de manera voluntaria, listas de aspirantes presentadas por partidos políticos o por personas interesadas en contender como candidaturas independientes.
A partir de esa información, la instancia coordinará evaluaciones de riesgo con autoridades de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y vigilancia financiera para detectar posibles vínculos con actividades delictivas. Los resultados serán entregados a los partidos políticos, que conservarán la facultad de decidir si registran o no a las personas evaluadas.
La reforma establece además que la información obtenida deberá manejarse bajo estrictos criterios de confidencialidad y que, en caso de detectarse elementos relevantes, las autoridades competentes podrán iniciar o continuar investigaciones conforme a sus atribuciones.
Entre las instituciones que participarán en la definición de metodologías y criterios de evaluación se encuentran la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Durante el debate, legisladores de Morena y del Partido Verde defendieron la iniciativa como una herramienta preventiva para blindar los procesos electorales frente a la delincuencia organizada. En contraste, senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron su eficacia al considerar que no contempla sanciones directas y podría trasladar decisiones políticas a instancias administrativas sin resolver de fondo el problema de la infiltración criminal.
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