Senado fortalece revisión de adquisiciones extranjeras por seguridad nacional

CIUDAD DE MÉXICO a 1 de octubre de 2026 (Noticias de México).- El Senado de la República aprobó reformas a la Ley de Inversión Extranjera para reforzar la revisión de adquisiciones realizadas con capital extranjero que puedan representar riesgos para la seguridad nacional y ampliar la participación de dependencias civiles y militares en la evaluación de operaciones consideradas estratégicas.

El dictamen, derivado de una iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue avalado en lo general con 65 votos a favor y 30 en contra y enviado a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

Entre los principales cambios se encuentra la ampliación de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE), a la que se incorporarán las personas titulares de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana.

Cuando la Comisión analice asuntos relacionados con seguridad nacional, participarán de manera permanente, con voz pero sin voto, representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Además, podrá convocarse de manera extraordinaria a la Presidencia de la República.

La reforma establece también que la CNIE deberá presentar al Congreso de la Unión un informe semestral sobre su gestión en materia de seguridad nacional y podrá comparecer ante las comisiones legislativas competentes.

Control a adquisiciones en sectores estratégicos

El nuevo esquema establece que, por razones de seguridad nacional, se requerirá una resolución favorable de la CNIE cuando la inversión extranjera pretenda participar directa o indirectamente con más de 49 por ciento del capital social de una empresa mexicana cuyo valor de activos supere el monto que determine la propia Comisión y cuya actividad corresponda a sectores considerados estratégicos.

Entre ellos se encuentran las tecnologías críticas y productos de doble uso, como inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad, tecnologías aeroespaciales y de defensa, almacenamiento de energía, tecnologías cuánticas y nucleares, nanotecnología y biotecnología.

También se contempla el suministro de insumos fundamentales, entre ellos energía y materias primas; la seguridad alimentaria, así como el acceso a información sensible, particularmente datos personales, o la capacidad para controlar ese tipo de información.

El dictamen sustituye además la referencia al salario mínimo por la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el cálculo de sanciones.

En caso de que una sociedad mexicana transmita, ceda, entregue o transfiera participación accionaria a un inversionista extranjero pese a que la CNIE haya negado la autorización o sin contar previamente con una resolución favorable, se establece una multa de entre cinco mil y 200 mil veces el valor diario de la UMA.

La misma sanción podrá aplicarse cuando se incumplan las acciones de mitigación de riesgos determinadas por la Comisión.

Debate entre apertura económica y seguridad nacional

Durante la discusión, el presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes Carmona, sostuvo que las modificaciones buscan conciliar la apertura económica con la protección de la seguridad nacional y la soberanía.

El legislador afirmó que la protección de los intereses estratégicos del Estado no es incompatible con la llegada de capital internacional, siempre que México conserve capacidad de decisión sobre sectores considerados fundamentales.

A su vez, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, señaló que el país mantiene una política de apertura para atraer inversión, tecnología, empleos y crecimiento, pero requiere instrumentos para actuar cuando una operación extranjera pretenda incidir en sectores estratégicos.

Desde Morena, la senadora Octavia Hernández Farret consideró que las reformas también pueden favorecer la inversión de mexicanas y mexicanos que radican en el exterior, al generar condiciones para que destinen recursos a proyectos productivos, negocios, infraestructura y generación de empleos en sus comunidades de origen.

En contraste, el senador del PAN Miguel Márquez Márquez sostuvo que la seguridad nacional y la protección de las inversiones requieren mecanismos extraordinarios, pero cuestionó la incorporación del Ejército a las tareas ordinarias de la CNIE, al considerar que se trata de un órgano de naturaleza civil y económica.

Por el PVEM, la senadora Juanita Guerra Mena destacó la importancia estratégica de la tecnología para el desarrollo económico y señaló que la propuesta busca establecer mecanismos de regulación que permitan mantener condiciones favorables para la inversión, al tiempo que se protegen la seguridad y la soberanía nacionales.

El dictamen será ahora analizado por la Cámara de Diputados, donde continuará el proceso legislativo correspondiente.