Presiona el PT a gobiernos estatales y plataformas digitales para frenar agresiones sexuales a usuarias

CIUDAD DE MÉXICO a 4 de septiembre del 2026 (Noticias de México).— El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en el Senado fijó postura política frente a la violencia contra las mujeres en el transporte privado por aplicación y exigió a los gobiernos de los 32 estados del país endurecer la supervisión sobre empresas como Uber, DiDi e InDrive.

A través de una propuesta impulsada por la bancada petista —encabezada por su coordinador Alberto Anaya Gutiérrez y las senadoras Geovanna Bañueles, Liz Sánchez, Yeidckol Polevnsky y Ana Karen Hernández—, los legisladores emplazaron a los tres órdenes de gobierno y al sector privado a asumir la seguridad de las usuarias como una responsabilidad pública impostergable, advirtiendo que la prevención no puede recaer sobre las propias víctimas.

“La seguridad de las mujeres no debe depender únicamente de que ellas permanezcan en alerta durante todo el trayecto”, sentenciaron los senadores del PT, tras señalar que los botones de pánico y el rastreo de rutas ofertados por las plataformas han resultando insuficientes e inoperantes sin una respuesta rápida y coordinada con las autoridades policiales.

La bancada petista puso sobre la mesa política la urgencia de establecer protocolos obligatorios en las 32 entidades federativas para verificar antecedentes de choferes, detectar cambios atípicos de ruta e impedir la impunidad de conductores denunciados. Sobre este último punto, alertaron sobre un vacío legal y operativo que permite a choferes suspendidos o investigados por agresiones migrar de una aplicación a otra para continuar prestando el servicio.

En el plano estadístico, los legisladores respaldaron su reclamo al recordar que, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), tan solo entre enero y mayo de 2026 se registraron 33 mil 993 carpetas de investigación por delitos sexuales a nivel nacional, con el Estado de México (4,280), Jalisco (2,492), Nuevo León (1,923) y Puebla (1,814) a la cabeza.

No obstante, señalaron que la falta de desagregación en las cifras oficiales visibiliza la omisión institucional: hoy no existe un registro que identifique cuántas agresiones ocurren a bordo de vehículos de plataforma. Por ello, exigieron al SESNSP y a las fiscalías locales crear un sistema homologado de datos que permita mapear patrones de riesgo y sancionar a los responsables.

Con este posicionamiento, el PT busca presionar tanto a la agenda legislativa local como a los ejecutivos estatales para que la capacitación con perspectiva de género, la atención médica y psicológica a víctimas, y el aviso oportuno a las autoridades dejen de ser concesiones voluntarias de las empresas y se conviertan en obligaciones legales estrictas.

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