Del narco a la formalidad: lo que México pierde y podría ganar con el cannabis

Angélica Beltrán, Noticias de México

CDMX a 7 de septiembre del 2026 (Noticias de México).- El mercado ilegal del cannabis en México mueve cifras que superan con creces lo que genera cualquier sector formal emergente. Estimaciones de la industria señalan un valor cercano a los 5 mil millones de dólares anuales, con una producción de entre 7 y 8 mil toneladas y un consumo interno de alrededor de 400 toneladas. Este flujo de dinero permanece fuera del control del Estado, sin pagar impuestos y alimentando redes de crimen organizado que durante décadas encontraron en la planta una de sus principales fuentes de ingreso.

Durante años, la marihuana representó una porción significativa de los recursos de los cárteles. Aunque su peso relativo ha disminuido —hoy se calcula entre el 20 y el 30 por ciento de sus ingresos totales, desplazada por las drogas sintéticas y la legalización en Estados Unidos—, sigue generando miles de millones de dólares que no entran a las arcas públicas ni se traducen en empleos formales.

El costo de producción en México es extremadamente competitivo: cultivar un gramo cuesta alrededor de 50 centavos de dólar, frente a los 5 dólares que se pagan en Estados Unidos.Mientras el mercado negro prosperaba, México avanzó de manera parcial y desigual en la regulación. La Suprema Corte declaró inconstitucional la prohibición absoluta del consumo personal y el cultivo para autoconsumo. COFEPRIS emite permisos individuales y colectivos que permiten a los adultos cultivar un número limitado de plantas. Sin embargo, la venta comercial y la distribución siguen siendo ilegales. No existe un mercado regulado de uso adulto.El cannabis medicinal cuenta con un marco normativo, aunque su desarrollo ha sido lento y restringido.

En paralelo, el cáñamo industrial —plantas con menos del 1 % de THC— sí ha logrado avances más claros. Se han otorgado cientos de licencias para cultivo y procesamiento destinados a fibras, textiles, materiales de construcción, papel, bioplásticos y productos alimenticios. Esta es, hasta ahora, la principal vía de industrialización legal de la planta en el país.La diferencia entre el negocio ilegal y una posible industria formal es abismal. En el mercado negro no hay control de calidad, no se pagan impuestos, no se generan empleos con derechos laborales ni se invierte en investigación. Todo el valor económico se concentra en redes criminales y se lava a través de otras actividades ilícitas.

La violencia asociada a este comercio genera costos adicionales para el Estado y la sociedad que superan con creces cualquier ganancia privada.Una industrialización plena, tanto del cannabis de uso adulto como del cáñamo y el medicinal, permitiría capturar una parte importante de ese valor. Estudios previos proyectaban recaudaciones fiscales de hasta 18 mil millones de pesos anuales con una regulación integral. Además, México tiene condiciones agroclimáticas ideales y costos de producción bajos que lo posicionarían como un competidor natural en el mercado norteamericano y global de extractos, flores y derivados.La experiencia internacional muestra que la legalización no elimina por completo el mercado negro, pero sí lo reduce y transfiere recursos al sector formal.

En países con regulación comercial, se crean empleos en cultivo, procesamiento, distribución, laboratorios y servicios asociados. En México, esa cadena de valor sigue atrapada en la informalidad o en un limbo jurídico que frena la inversión seria.El cáñamo industrial ofrece ya un camino concreto. Su uso en textiles, construcción sostenible y materiales biodegradables representa una oportunidad de diversificación agrícola y de generación de empleo en zonas rurales históricamente afectadas por el cultivo ilegal.

Sin embargo, la falta de una ley general que regule de manera integral todos los usos de la planta limita el potencial de crecimiento y deja a los productores en un terreno de incertidumbre.Mientras el Congreso no resuelva el vacío legal, el país sigue renunciando a ingresos fiscales, a empleos formales y a la posibilidad de competir en una industria global que ya supera los decenas de miles de millones de dólares.

El costo de mantener el status quo no es solo económico: es también social y de seguridad.El contraste es claro. El cannabis ilegal genera riqueza opaca, violencia y distorsión de mercados. Una industrialización regulada podría convertir a la misma planta en fuente de empleo, recaudación e innovación. La decisión de cuándo y cómo dar ese paso sigue pendiente en México, y cada año que pasa el país pierde una porción más de una oportunidad que otros ya están aprovechando.

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