Por Juan Pablo Ojeda
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, junto con su esposa Mariana Rodríguez y el secretario general de Gobierno, Miguel Flores, destinaron al menos 15 millones de pesos en publicidad digital entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, de acuerdo con datos disponibles en la Meta Biblioteca de Anuncios.
La cifra corresponde exclusivamente a pauta pagada en Facebook e Instagram durante tres meses, lo que equivale a un promedio superior a 5 millones de pesos mensuales orientados al posicionamiento digital. Los registros públicos muestran una inversión constante en ese periodo, con campañas activas desde perfiles asociados a los funcionarios y páginas oficiales.
Los anuncios difundidos incluyeron contenidos sobre actividades gubernamentales, mensajes institucionales, logros de administración y publicaciones vinculadas a la imagen pública de los servidores públicos. La herramienta de Meta permite conocer montos, fechas de difusión y responsables de las páginas que contratan publicidad, aunque no especifica el origen exacto del financiamiento más allá de identificar al anunciante.
De acuerdo con los datos consultables, Samuel García concentró más de 8 millones de pesos en promoción digital, mientras que Mariana Rodríguez se aproximó a los 5 millones. El gasto ha generado cuestionamientos en un contexto donde la entidad enfrenta desafíos relevantes en movilidad, seguridad, calidad del aire y servicios básicos.
Especialistas en transparencia y rendición de cuentas advierten que cuando la promoción digital se concentra en perfiles personales o en contenidos que refuerzan la imagen individual de funcionarios, surge un debate legítimo sobre los límites entre comunicación institucional y autopromoción. Subrayan que la publicidad gubernamental debe tener como objetivo informar sobre programas y servicios públicos, aunque reconocen que el formato y el enfoque pueden influir en la percepción ciudadana.
El promedio mensual superior a los 5 millones de pesos coloca bajo análisis la estrategia de comunicación del gobierno estatal. En un entorno donde las redes sociales son uno de los principales canales de comunicación política, la pauta digital se ha convertido en una herramienta clave para amplificar mensajes y segmentar audiencias.
La información permanece abierta y verificable para cualquier ciudadano interesado, y reaviva la discusión sobre la regulación de la publicidad gubernamental en entornos digitales, un ámbito donde la normativa aún enfrenta retos para adaptarse a la dinámica de las plataformas tecnológicas.
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