Por Bruno Cortés
En el Congreso ya se encendió una alerta que toca uno de los pilares históricos del sindicalismo mexicano. El diputado del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Berdeja, pidió que la Secretaría del Trabajo y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral revisen con lupa el proceso para elegir al nuevo dirigente nacional de la Confederación de Trabajadores de México.
¿Por qué importa esto más allá del pleito interno de un sindicato? Porque la CTM es una de las centrales obreras más grandes y con más peso político en el país. Lo que pase ahí no solo impacta a miles de trabajadores sindicalizados, también influye en negociaciones laborales, contratos colectivos y en la relación entre sindicatos, empresas y gobierno.
El 24 de febrero se celebrará el 17º Congreso Nacional de la CTM para elegir a su nuevo líder. Según Mejía, el problema está en la convocatoria. Explica que los propios estatutos de la central señalan que todos los sindicatos locales y nacionales afiliados tienen derecho a voto. Eso implicaría alrededor de mil 300 votantes. Sin embargo, la convocatoria actual —dice— reduce el universo a cerca de 100 personas: los 32 secretarios de federaciones estatales y líderes de sindicatos nacionales.
En términos simples: pasar de mil 300 votos a solo 100 cambia por completo el peso de la decisión. Para Mejía, esa reducción no es un detalle técnico, sino una posible violación a los estatutos internos y un intento de cerrar la competencia. Acusa que el objetivo sería favorecer a Tereso Medina, a quien señala como parte de prácticas sindicales tradicionales que, según él, evitan procesos abiertos y democráticos.
El diputado también pidió que el titular de la Secretaría del Trabajo no legitime la convocatoria tal como está y que el director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, Alfredo Domínguez Marrufo, no ignore las presuntas irregularidades. Este Centro es clave en la nueva arquitectura laboral que surgió tras la reforma de 2019, diseñada para garantizar elecciones sindicales libres, personales y secretas. En teoría, su papel es justamente evitar simulaciones y validar que los procesos cumplan con la ley.
Por su parte, la diputada petista Margarita García García, integrante de la Comisión de Trabajo, respaldó la exigencia y advirtió que dará seguimiento al caso. El mensaje político es claro: el PT quiere que el proceso sea revisado antes de que se concrete la elección.
Detrás de esta disputa hay un tema de fondo que cualquier trabajador puede entender: quién elige al líder sindical define quién negocia salarios, prestaciones y condiciones laborales. Si el proceso es amplio y participativo, hay más posibilidades de que el dirigente represente realmente a la base. Si es reducido y cerrado, la representación puede concentrarse en pocos.
En un momento en que México presume una reforma laboral que busca mayor democracia sindical y transparencia en contratos colectivos, este caso pone a prueba si esas reglas se aplican también a las grandes centrales históricas. Lo que está en juego no es solo un cargo, sino la credibilidad del nuevo modelo laboral y la confianza de miles de trabajadores en que su voz cuenta.
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