Por Bruno Cortés
En la Cámara de Diputados, donde suelen discutirse impuestos, seguridad o programas sociales, ahora el foco se puso en un tema que hasta hace poco parecía exclusivo de Silicon Valley: la inteligencia artificial. El diputado Santiago González Soto, del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa para modificar el artículo 73 de la Constitución y darle al Congreso de la Unión la facultad expresa de legislar en materia de inteligencia artificial y tecnologías afines.
En términos sencillos, lo que busca es que el Congreso tenga el poder claro y directo para crear una Ley Federal que establezca reglas, límites, principios y bases sobre cómo se usa la IA en México. No se trata solo de regular aplicaciones o robots, sino de poner orden en una tecnología que ya está influyendo en la economía, la educación, la salud, la seguridad y hasta en la forma en que se toman decisiones públicas.
¿Por qué modificar la Constitución? Porque el artículo 73 enumera las facultades del Congreso. Si la inteligencia artificial no está explícitamente contemplada, cualquier regulación podría quedar fragmentada o vulnerable a impugnaciones. La propuesta, que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, busca cerrar esa puerta y sentar bases sólidas para una legislación integral.
El legislador argumenta que la IA ya es una tecnología estratégica a nivel mundial. No solo mejora procesos o automatiza tareas; redefine la soberanía tecnológica y la competencia entre países. En otras palabras, quien controle y desarrolle mejor la inteligencia artificial tendrá ventaja económica y geopolítica. Para México, quedarse atrás significaría depender aún más de desarrollos extranjeros.
En el terreno económico, el debate es claro. La inteligencia artificial puede elevar la productividad, hacer más eficientes a las empresas y abrir nuevas industrias. Eso, en teoría, se traduce en crecimiento del Producto Interno Bruto. Pero también plantea desafíos: automatiza tareas rutinarias y obliga a transformar el mercado laboral. No necesariamente elimina empleos de forma masiva, pero sí cambia las reglas del juego. Se necesitarán más especialistas en datos, programación, ciberseguridad y gestión ética de la tecnología.
Ahí entra la política pública. Según la iniciativa, una ley en materia de IA podría incentivar programas de formación, promover la inclusión de mujeres y grupos subrepresentados en áreas tecnológicas y establecer incentivos fiscales para capacitar talento. Es decir, no solo regular, sino impulsar desarrollo.
El problema, reconoce el propio diputado, es que México no cuenta con una estrategia nacional integral en inteligencia artificial. Las políticas están dispersas y existen riesgos reales de discriminación algorítmica o vulneración de derechos si no hay reglas claras. Por eso insiste en la necesidad de un marco jurídico que dé certeza tanto a ciudadanos como a empresas.
Facultar al Congreso para legislar de manera específica en esta materia permitiría alinear al país con estándares internacionales, fortalecer el desarrollo científico y tecnológico y, al mismo tiempo, proteger derechos humanos. La apuesta es que la inteligencia artificial no sea una amenaza descontrolada, sino una herramienta de prosperidad incluyente y sostenible.
La discusión apenas comienza en comisiones, pero el mensaje es claro: la tecnología ya no es un tema futurista, es un asunto constitucional. Y lo que decidan las y los legisladores podría definir cómo México compite —y se protege— en la era digital.
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