La presencia de franeleros en calles de la capital continúa siendo una problemática visible, aun cuando desde 2026 se implementaron multas más elevadas y arrestos inconmutables. La persistencia del fenómeno ha reavivado el debate sobre la corrupción a nivel de calle y la eficacia real de las políticas públicas destinadas a recuperar el orden en la vía pública.
De acuerdo con la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, apartar lugares o cobrar por estacionamiento sin autorización constituye una infracción Tipo F. Las sanciones vigentes contemplan multas que van de 1,290 a 4,692 pesos, calculadas con base en la UMA de 117.31 pesos diarios, además de arrestos inconmutables de entre 24 y 36 horas, medidas que buscan desincentivar estas prácticas.
No obstante, reportes ciudadanos y registros de diciembre de 2025 y enero de 2026 muestran que los franeleros siguen operando en diversas alcaldías, particularmente en zonas comerciales, hospitalarias y de alta afluencia. En muchos casos, la actividad se mantiene mediante esquemas de tolerancia informal, cobros encubiertos o la ausencia de sanciones efectivas, lo que refuerza la percepción de impunidad.
Las reformas aprobadas por el Congreso de la Ciudad de México tenían como objetivo combatir no solo el desorden vial, sino también las redes de corrupción que permiten la ocupación irregular del espacio público. Sin embargo, legisladores y especialistas han señalado que el problema no radica únicamente en el marco legal, sino en la aplicación selectiva de la norma.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha reiterado que la actuación depende en gran medida de la denuncia ciudadana y de la intervención de policías y jueces cívicos. Aun así, la vigilancia intermitente y la falta de seguimiento a reincidencias han limitado el impacto de las sanciones, permitiendo que la práctica continúe bajo nuevas modalidades.
Para analistas en materia urbana, la permanencia de los franeleros refleja una forma de corrupción cotidiana que erosiona la confianza en las autoridades y normaliza el uso ilegal del espacio público. Mientras no se combata la tolerancia institucional y se refuercen los mecanismos de supervisión, las multas y arrestos seguirán siendo insuficientes para erradicar el problema.
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