Por Bruno Cortés
Para Movimiento Ciudadano, la agenda ambiental ya no puede seguir tratándose como un tema secundario ni solo como un asunto de castigos penales. Así lo planteó la diputada Laura Ballesteros Mancilla, quien advirtió que una de las urgencias legislativas más claras del país es proteger no solo a los ecosistemas, sino a las personas que los defienden, muchas veces poniendo en riesgo su propia vida.
Ballesteros explicó que cuando se habla de cuidar el medio ambiente no basta con endurecer sanciones contra la tala ilegal o el tráfico de flora y fauna. El problema es más profundo y más humano: en México, defender un bosque, un río o un territorio se ha vuelto una actividad de alto riesgo. De hecho, sostuvo que el país se ha convertido en el más peligroso del mundo para las y los defensores ambientales, una realidad que suele pasar desapercibida en el debate público.
La legisladora señaló que esta violencia no ocurre por casualidad. Está directamente relacionada con intereses económicos muy poderosos, con conflictos por la tierra, la minería, los megaproyectos y el control del agua, así como con la presencia del crimen organizado en amplias regiones del país. En ese contexto, quienes defienden su territorio se enfrentan no solo a empresas, sino también a redes ilegales que operan con total impunidad.
Las cifras que citó son contundentes. Entre 2018 y 2021 fueron asesinadas 116 personas defensoras del medio ambiente, y solo en 2021 se registraron 54 homicidios. Más recientemente, en 2024 se documentaron decenas de eventos de agresión, con cientos de ataques específicos y decenas de víctimas mortales. Estados como Oaxaca y Sonora concentran buena parte de estos casos, aunque el problema se extiende a todo el país.
Ballesteros subrayó que la violencia no siempre empieza con asesinatos. Antes hay intimidación, hostigamiento, acoso, criminalización, campañas de difamación y, en algunos casos, desapariciones. Incluso en la Ciudad de México, dijo, vecinos que defienden árboles urbanos han sido perseguidos y acosados de manera sistemática, lo que muestra que el problema no se limita a zonas rurales o alejadas.
Frente a este panorama, la diputada anunció el arranque de parlamentos abiertos en todo el país para construir la llamada Ley Homero, una iniciativa que busca establecer mecanismos reales de protección para las personas defensoras del medio ambiente. La propuesta lleva ese nombre en memoria de Homero Gómez, activista y defensor de la mariposa monarca, asesinado sin que hasta hoy haya justicia. La idea, explicó, es que la ley nazca desde los territorios y no solo desde el escritorio legislativo.
En paralelo, Ballesteros también se refirió a otro debate clave en el Congreso: la reducción de la jornada laboral. Criticó la propuesta del oficialismo al considerar que posterga un derecho histórico de las personas trabajadoras y no atiende una deuda que, dijo, México arrastra desde hace más de un siglo. Recordó que una mayoría de la población respalda la jornada de 40 horas semanales con dos días de descanso, lo que muestra que el tema ya no es marginal, sino una demanda social clara.
Para la diputada, tanto la defensa del medio ambiente como los derechos laborales reflejan el mismo problema de fondo: políticas públicas que avanzan lentamente frente a realidades urgentes. Y advirtió que seguir postergando estas discusiones tiene costos humanos que el país ya no puede seguir pagando.
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