El gobierno de California escaló su confrontación con Donald Trump al presentar una demanda federal contra su administración por intentar reactivar operaciones petroleras frente a las costas californianas, una decisión que, según las autoridades estatales, viola la ley y pone en riesgo el medio ambiente.
El fiscal general del estado, Rob Bonta, anunció este viernes una acción legal contra la Administración Trump por asumir sin autorización la jurisdicción de dos oleoductos terrestres, con el objetivo de reiniciar el transporte de crudo en la costa del condado de Santa Bárbara.
Qué impugna la demanda de California
La querella busca frenar las órdenes emitidas por la Administración de Seguridad de Oleoductos y Materiales Peligrosos (PHMSA), las cuales, según la Fiscalía, “afirmaron ilegalmente jurisdicción exclusiva” sobre los oleoductos conocidos como Las Flores.
De prosperar estas órdenes, el gobierno federal podría autorizar unilateralmente el reinicio de actividades petroleras en una de las zonas costeras más sensibles de California, sin la aprobación de las autoridades estatales.
El papel de Sable Offshore y el permiso de emergencia
La demanda también cuestiona la aprobación del Plan de Reinicio de la empresa Sable Offshore Corp., así como la emisión de un permiso de emergencia que le permitiría volver a transportar petróleo a través de los oleoductos.
De acuerdo con la Fiscalía, la PHMSA intentó evadir la regulación estatal, “federalizando” los ductos para dejar fuera a las autoridades ambientales y de seguridad de California.
Violaciones legales señaladas por la Fiscalía
El escrito legal, respaldado por la Oficina del Jefe de Bomberos del Estado, sostiene que las órdenes federales violan la Ley de Procedimiento Administrativo, al ignorar procesos regulatorios obligatorios y acuerdos previos.
Por ello, Rob Bonta solicitó al tribunal que revoque las órdenes ilegales emitidas por la PHMSA y restablezca la autoridad estatal sobre cualquier intento de reactivar los oleoductos.
Un antecedente que aún pesa: el derrame en Refugio Beach
Los oleoductos terrestres involucrados permanecen cerrados desde hace más de una década, tras el derrame de petróleo en Refugio Beach, una de las playas más emblemáticas de Santa Bárbara.
En aquel incidente, un segmento corroído del ducto se rompió y liberó cientos de miles de galones de crudo, causando graves daños ambientales y económicos.
Ese derrame derivó en un Decreto de Consentimiento, en el que la PHMSA reconoció formalmente el papel del Jefe de Bomberos del Estado de California en la revisión y aprobación de cualquier plan de reinicio, un punto clave que ahora el estado acusa que se está ignorando.
Ambientalistas alertan por impacto climático
Organizaciones ambientalistas advirtieron que aumentar las perforaciones petroleras frente a la costa californiana implicaría una mayor emisión de gases de efecto invernadero, además de elevar el riesgo de nuevos derrames.
Los colectivos sostienen que abandonar los combustibles fósiles es una condición necesaria para frenar las consecuencias del cambio climático, y consideran que la decisión de Trump va en sentido contrario a los compromisos ambientales globales.
Un nuevo choque entre California y Trump
La demanda se suma a una larga lista de enfrentamientos legales entre California y Donald Trump, particularmente en temas de medio ambiente, energía y regulación federal, y anticipa una batalla judicial con implicaciones nacionales sobre quién controla la política energética en Estados Unidos.
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