Por Juan Pablo Ojeda
Organizaciones que representan a familiares de las víctimas y sobrevivientes del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, ocurrido el 27 de marzo de 2023, expresaron su profunda indignación ante el reciente nombramiento de Francisco Garduño Yáñez como director general de Centros de Formación para el Trabajo en la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Los colectivos recordaron que Garduño, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), continúa imputado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público derivado de los hechos que provocaron la muerte de 40 personas migrantes y dejaron decenas con lesiones graves. Para las organizaciones, su designación no solo es inaudita, sino que envía un mensaje preocupante sobre la impunidad y la falta de rendición de cuentas.
El Instituto de Mujeres en Migración (Imumi) y la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho (FJEDD) calificaron el nombramiento como un “mensaje alarmante” sobre la ausencia de compromiso del Gobierno federal con la verdad y la justicia. Señalaron que, a pesar de que el titular de la SEP, Mario Delgado, haya defendido a Garduño como un “funcionario ejemplar”, el proceso judicial en su contra sigue abierto, lo que para los colectivos constituye una revictimización de las familias afectadas por la tragedia.
Los colectivos denunciaron que la designación de Garduño responde más a protección política que a criterios de idoneidad, debilitando la credibilidad de las instituciones públicas. Además, resaltaron que carece de experiencia comprobable en educación, lo que profundiza la desconfianza ciudadana y genera la percepción de que se le otorga un cargo como un premio inmerecido, normalizando la impunidad.
Aunque Garduño ofreció una disculpa pública el 26 de septiembre de 2025, las organizaciones dejaron claro que este acto no cierra el proceso judicial ni exime de responsabilidades penales o administrativas. “La justicia no puede ser sustituida por cargos públicos ni eludir responsabilidades pendientes”, enfatizaron Imumi y la FJEDD.
Asimismo, colectivos como Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) y la Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa señalaron que la disculpa solo representa un primer paso simbólico y que no garantiza justicia ni previene que tragedias similares vuelvan a ocurrir. Para los familiares y sobrevivientes, la demanda de justicia sigue siendo urgente y pendiente, y la designación de Garduño intensifica la sensación de abandono institucional y falta de reparación del daño.
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