Por Bruno Cortés
En la Cámara de Diputados ya arrancó una discusión que, aunque suene lejana para mucha gente, toca de lleno la vida cotidiana: cómo evitar que el dinero público se pierda, se desvíe o termine en corrupción. El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, de Morena, anunció que comenzaron formalmente las consultas, debates y mesas de trabajo para construir el Plan Nacional Anticorrupción, una hoja de ruta que busca cambiar de fondo las reglas del juego y reconstruir el Sistema Nacional Anticorrupción desde la Constitución y las leyes.
Dicho en sencillo, la apuesta es dejar de parchar un sistema que no ha dado resultados y hacer uno nuevo, con dientes, coordinación real y capacidad para castigar a quien abuse del presupuesto. Ramírez Cuéllar explicó que este plan irá de la mano del programa sectorial que ya presentó la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, con la idea de que el combate a la corrupción no sea solo un discurso, sino una política pública permanente.
Para el legislador, la corrupción no es un problema aislado ni solo de “malos funcionarios”. Es un problema estructural que está conectado con la inseguridad, la criminalidad y la desconfianza en las instituciones. Cuando el dinero se roba o se usa mal, dijo, se debilita la democracia y se rompe la convivencia social. Por eso el tema ya no es opcional: se volvió un punto central del debate nacional.
Uno de los ejes más sensibles de esta reforma es la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el órgano encargado de revisar cómo se gasta el dinero público. Ramírez Cuéllar adelantó que presentó una iniciativa para una transformación radical de la ASF, partiendo de una idea clave: no permitir la reelección del auditor. El objetivo es tener auditorías más oportunas, que no lleguen cuando el daño ya está hecho, y que realmente sirvan para corregir, sancionar y castigar desvíos, ineficiencias y robos tanto a nivel federal como en los estados.
La discusión no se limita a cambiar nombres o cargos. Se trata de desmontar redes de complicidad, extorsión y simulación que, según el propio diputado, se han incrustado en los sistemas de fiscalización. Por eso insistió en que primero debe haber un debate legislativo amplio, antes de hablar de designaciones o perfiles, para limpiar de raíz la forma en que se auditan las cuentas públicas en el país.
En paralelo, el nuevo sistema anticorrupción ya empieza a tomar forma con la creación de una nueva secretaría, enfocada en fortalecer los órganos internos de control, promover la denuncia ciudadana y apostar más por la prevención que por la reacción tardía. Todo esto, además, se coordinará con la Agencia de Transformación Digital, que busca reducir trámites, cerrar espacios a la discrecionalidad y hacer más transparente el uso de recursos públicos.
Ramírez Cuéllar subrayó que la presidenta Claudia Sheinbaum es la primera interesada en fortalecer este nuevo modelo y que los debates se abrirán a todos: sector público, iniciativa privada, sociedad civil y quienes revisan cuentas, contratos y financiamiento de partidos políticos. La idea es que nadie quede fuera y que el sistema tenga legitimidad social.
Sobre uno de los temas más polémicos, el diputado fue directo: está a favor de eliminar el fuero constitucional. Lo calificó como un privilegio inaceptable y una vergüenza que, en muchos casos, se ha convertido en sinónimo de impunidad. Recordó que en varios estados ya no existe y que su desaparición no ha generado caos, sino mayor igualdad ante la ley.
Finalmente, al ser cuestionado por la presencia de un avión militar estadounidense en territorio mexicano, Ramírez Cuéllar lo enmarcó como parte de la colaboración y capacitación habitual entre ambos países, una relación que, dijo, debe mantenerse dentro de los acuerdos y fortalecerse sin alarmismos.
En resumen, el Congreso empieza a dibujar un nuevo mapa para combatir la corrupción. Falta camino, debates duros y acuerdos políticos, pero el mensaje es claro: la limpieza del Estado ya no puede esperar.
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