Por Bruno Cortés
En San Lázaro comenzó a moverse una de las piezas más importantes —y más incomprendidas— del engranaje público: el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Para decirlo sin tecnicismos, lo que se está planteando es volver a armar el sistema que se encarga de vigilar al gobierno, coordinar a las autoridades y evitar que el dinero público se pierda entre trámites, corrupción e impunidad.
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena, fue claro al inaugurar el foro donde se presentó la propuesta de reforma a la Ley General del SNA: aquí arranca la construcción de un nuevo sistema, con reglas claras y, sobre todo, con un programa sexenal. Esto significa que, por primera vez, el combate a la corrupción tendría objetivos, metas, responsables y tiempos definidos para todo un sexenio, y no solo buenas intenciones sueltas.
En palabras sencillas, la idea es que todas las instancias que hoy combaten la corrupción dejen de trabajar cada una por su lado. Que haya coordinación real entre quienes revisan cuentas, investigan delitos, sancionan irregularidades y garantizan la transparencia. El objetivo es cerrar el paso a la opacidad, enfrentar al crimen y acabar con la impunidad que durante años ha sido parte del paisaje político del país.
Ramírez Cuéllar recordó que esta reforma no surge de la nada. Desde noviembre pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum convocó a especialistas, sociedad civil y legisladores para iniciar formalmente este rediseño. Y, en paralelo, el nuevo gobierno ya echó a andar dos herramientas clave: la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que se encargará de coordinar esta política, y la Agencia de Transformación Digital, pensada para algo que cualquier ciudadano entiende bien: hacer trámites más simples, más claros y menos propensos a la corrupción, incluyendo las compras y contratos públicos en todo el país.
El mensaje de fondo es económico y político a la vez. Un Estado que gasta menos en burocracia inútil, que digitaliza procesos y que vigila mejor cómo se usa el dinero público, funciona mejor y cuesta menos. Y eso, en teoría, se traduce en más recursos para programas sociales, infraestructura y servicios.
En el mismo foro, el diputado Ricardo Mejía Berdeja puso paños fríos sobre otro tema que generó ruido político: el aterrizaje de un avión militar estadounidense en territorio mexicano. Dejó claro que se trata de un asunto delicado y que la única instancia que debe informar es el Gabinete de Seguridad. Recordó que la cooperación con Estados Unidos no es nueva y siempre ha existido bajo distintos acuerdos, pero subrayó que cualquier acción debe darse dentro de la Constitución, la ley y los acuerdos bilaterales, y que será el Senado quien, en su caso, revise lo que corresponda.
Mejía Berdeja también se refirió a la discusión sobre la reforma electoral, aunque con cautela. Señaló que la postura oficial del Partido del Trabajo la fijará su dirigente nacional, el senador Alberto Anaya, y destacó que el diálogo con la Secretaría de Gobernación es parte de los acuerdos necesarios para mantener la unidad política y construir reformas que realmente le sirvan al país.
Al final, lo que se vive en el Congreso es un intento por ordenar la casa. El rediseño del Sistema Nacional Anticorrupción busca pasar del discurso a los resultados, con menos improvisación y más planeación. La apuesta es alta: si el nuevo SNA funciona, no solo se combate la corrupción, se recupera la confianza en el Estado. Y eso, en un país como México, vale tanto como cualquier reforma económica.
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