En San Lázaro ya empezó a moverse una de las discusiones más delicadas para la vida pública del país: la reforma electoral. Y no arrancó con un dictamen ni con una iniciativa presidencial, sino con algo que no suele verse todos los días en el Congreso: diálogo político y una iniciativa ciudadana validada por el INE.
La presidenta de la Cámara de Diputados contó que esta semana se reunió con José Woldenberg, expresidente del IFE y una de las figuras clave en la transición democrática del año 2000. Para decirlo en sencillo: fue el árbitro que validó que el poder cambiara de manos por la vía del voto y no por la fuerza. Por eso su presencia no es menor. En un momento donde se habla de modificar las reglas del juego electoral, escuchar a alguien que ayudó a construirlas es, al menos, una señal política relevante.
La diputada dejó claro que la Cámara quiere abrir espacios de interlocución con expertos, académicos y actores con experiencia, no para aplaudir ni bloquear de entrada ninguna propuesta, sino para discutirla con seriedad. El mensaje es importante porque, en México, las reformas electorales suelen generar sospechas: nadie quiere que se cambien las reglas para beneficiar a un partido o grupo en particular.
Y mientras ese debate apenas se asoma, ya hay una iniciativa formal sobre la mesa. El Instituto Nacional Electoral notificó que el colectivo “Salvemos la Democracia” logró reunir más de 136 mil firmas válidas, superando el mínimo que marca la ley. Eso activa, automáticamente, el proceso legislativo. En otras palabras: por primera vez en este Congreso, una propuesta de reforma electoral nace desde la ciudadanía y no desde el poder Ejecutivo o los partidos.
Esta iniciativa busca modificar cinco artículos de la Constitución y ahora deberá ser discutida por las y los diputados. No significa que se apruebe tal cual, pero sí obliga al Congreso a entrarle al tema. Y eso ya es un hecho político relevante.
Uno de los focos rojos que ya se mencionan en los pasillos legislativos es la sobrerrepresentación. Para explicarlo fácil: es cuando un partido obtiene más curules de las que le corresponderían por el porcentaje real de votos que recibió. Woldenberg recordó que algo así no se veía desde los años cincuenta, cuando con el 70% de los votos se llegaba a tener hasta el 90% del poder en el Congreso. Ese desequilibrio fue justamente lo que las reformas democráticas buscaron corregir durante décadas.
Hoy, el temor es claro: que una mala reforma haga retroceder al país en lugar de consolidar lo avanzado. Menos pluralidad, menos contrapesos y menos representación real del voto ciudadano serían un golpe directo a la democracia, no a los políticos, sino a la gente que trabaja, paga impuestos y vota esperando que su voz cuente.
La presidenta de la Cámara insistió en algo clave: no hay todavía una iniciativa formal del Ejecutivo federal, por lo que todo lo que se diga sobre recortes al INE, eliminación de plurinominales o cambios de fondo sigue siendo especulación. Pero justo por eso —dice— es indispensable abrir el debate con tiempo, con expertos y con transparencia.
En términos prácticos, lo que viene es una serie de decisiones políticas de alto calibre. El Congreso tendrá que demostrar si está a la altura de una discusión que no es de corto plazo ni electoral, sino estructural. Porque tocar las reglas del voto no es cualquier cosa: es tocar el corazón del sistema democrático.
En palabras simples, México está frente a una disyuntiva: usar la reforma electoral para fortalecer la democracia o para acomodarla a intereses coyunturales. La puerta ya se abrió. Ahora falta ver quién entra al debate y con qué intenciones.
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