La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene en agenda la discusión del Artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos de la Ciudad de México, disposición que regulaba las condiciones para realizar desalojos forzosos y que fue reformada por el Congreso local en 2019. El análisis llega al Pleno luego de que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) promoviera una acción de inconstitucionalidad al considerar que la modificación representó un retroceso en la protección del derecho a la vivienda.
El artículo, publicado originalmente en febrero de 2019, establecía la prohibición de desalojos forzosos salvo en casos legalmente justificados, exigía el realojamiento adecuado de las personas afectadas en un radio máximo de 15 kilómetros y señalaba que el uso de la fuerza pública debía ser el último recurso. Dichas disposiciones buscaban alinearse con estándares internacionales en materia de derechos humanos y vivienda adecuada.
Sin embargo, en mayo de ese mismo año, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma que eliminó estas garantías y dejó como único requisito la existencia de un mandamiento judicial. Este cambio generó críticas de organizaciones civiles y especialistas, quienes advirtieron una posible violación al principio de progresividad de los derechos humanos, consagrado en la Constitución, al reducir el nivel de protección previamente alcanzado.
En el proyecto de resolución 73/2019, la ministra Estela Ríos González propuso declarar constitucional la versión reformada del Artículo 60. El documento argumenta que la norma vigente no cancela el derecho a la vivienda ni impide mecanismos de conciliación entre las partes, y que el mandamiento judicial es suficiente para salvaguardar la legalidad de los desalojos, de acuerdo con criterios del máximo tribunal.
No obstante, el pasado 18 de enero el asunto fue retirado del orden del día del Pleno, luego de protestas de vecinos afectados por desalojos, como el caso del inmueble ubicado en República de Cuba 11, así como de organizaciones sociales. La SCJN informó que se abrirá un espacio de audiencia y diálogo encabezado por su presidente, el ministro Hugo Aguilar Ortiz, antes de retomar la discusión.
Para el 19 de enero, colectivos vecinales y organizaciones no gubernamentales mantienen convocatorias a manifestaciones bajo consignas como “Vivienda sí, desalojos no”, con el objetivo de exigir la restitución de la redacción original del artículo. Agrupaciones como Habitat International Coalition América Latina (HIC-AL) han advertido que avalar la reforma sentaría un precedente que favorecería procesos de gentrificación y el fortalecimiento de intereses inmobiliarios en zonas centrales de la capital.
Desde el ámbito local, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, ha reconocido públicamente la necesidad de revisar el marco normativo en materia de desalojos y vivienda, aunque hasta el momento no se han presentado iniciativas concretas para restituir las garantías eliminadas en 2019, según información del propio Gobierno capitalino.
La resolución que adopte la SCJN será determinante para definir el alcance de las obligaciones del Estado en casos de desalojo y el nivel de protección del derecho humano a la vivienda en la Ciudad de México, además de marcar un criterio relevante para otras entidades del país, de acuerdo con especialistas en derecho constitucional y organismos defensores de derechos humanos.
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