Por Bruno Cortés
En el Congreso volvió a ponerse sobre la mesa un tema que suele normalizarse en muchas regiones del país, pero que tiene profundas consecuencias sociales y económicas: el trabajo infantil. El diputado Ricardo Madrid Pérez impulsa una iniciativa para que la Constitución deje completamente claro que las personas menores de 18 años no deben realizar trabajos peligrosos, insalubres ni labores nocturnas, sin importar el sector en el que se desempeñen.
La propuesta busca modificar el artículo 123 constitucional, el mismo que regula los derechos laborales en México. En términos sencillos, lo que plantea es cerrar cualquier resquicio legal que permita poner en riesgo el desarrollo físico, emocional o educativo de niñas, niños y adolescentes. No se trata sólo de prohibir ciertos trabajos, sino de establecer que cualquier actividad que pueda dañar su desarrollo integral quede fuera de la ley.
El planteamiento también pone límites claros a las jornadas laborales para adolescentes que ya pueden trabajar legalmente. Quienes tengan la edad mínima permitida y sean menores de 18 años sólo podrían laborar hasta seis horas al día y 36 a la semana, sin horas extra y únicamente en actividades que no sean peligrosas ni insalubres. Todo esto, bajo una obligación explícita del Estado y de los empleadores de cuidar su salud, seguridad y desarrollo.
Un punto clave de la iniciativa es que reafirma algo que ya existe en la ley, pero que muchas veces se ignora en la práctica: nadie puede ser contratado antes de concluir la educación obligatoria. En los hechos, esto mantiene la prohibición absoluta de emplear a menores de 15 años, con el objetivo de que la escuela siga siendo su principal responsabilidad.
En la exposición de motivos, el diputado argumenta que proteger a la niñez del trabajo dañino no es sólo una decisión económica o laboral, sino un derecho humano ligado a la dignidad de las personas y al principio del interés superior de la niñez. La lógica es simple: un país que permite que sus niñas y niños trabajen en condiciones peligrosas compromete su propio futuro.
Desde esta perspectiva, la reforma busca algo más que sancionar abusos. Coloca a la niñez en el centro de las políticas públicas y garantiza que tengan tiempo para estudiar, jugar y crecer en entornos seguros, con horarios compatibles con su etapa de vida. También apunta a reducir riesgos de lesiones, abandono escolar y explotación, problemas que afectan con mayor fuerza a las niñas, quienes suelen cargar con trabajo doméstico no remunerado desde edades tempranas.
La iniciativa, que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, parte de una idea de fondo: asegurar que cada niña y cada niño pueda vivir plenamente su infancia y llegar a la adultez con más herramientas, más opciones y mejores oportunidades. En términos prácticos, se trata de usar la Constitución como un escudo para que crecer no implique poner en riesgo la vida ni el futuro.
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