Por Juan Pablo Ojeda
El inicio del registro nacional de números celulares tomó por sorpresa a muchos usuarios. Entre dudas técnicas y temores sobre el uso de datos personales, la medida abrió un debate que va más allá del trámite y toca temas sensibles como la seguridad y la privacidad. Para aclarar el panorama, el gobierno federal salió a explicar por qué se está pidiendo esta información y qué se pretende lograr.
De acuerdo con José Antonio Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, el objetivo central del registro es acabar con el anonimato en las líneas telefónicas que hoy facilita delitos como extorsiones, fraudes, acoso y secuestros virtuales. La lógica, dijo, es simple: si cada número está ligado a una persona identificable, las autoridades pueden investigar con mayor rapidez y eficacia cuando se presenta una denuncia.
Merino explicó que durante años fue posible comprar y activar chips sin dejar rastro. Una misma persona podía adquirir varios, cambiar de línea constantemente y usarlos para cometer delitos sin que hubiera forma de rastrear al responsable. En ese contexto, cuando una víctima denunciaba, las autoridades se topaban con un callejón sin salida: no había manera de saber quién estaba detrás de la llamada.
El funcionario subrayó que el registro no busca espiar a los ciudadanos ni vigilar su vida privada, sino cerrar una puerta que hoy aprovechan grupos criminales. La información, aseguró, estará resguardada por instancias del Estado y solo podrá ser utilizada bajo procesos legales específicos, principalmente cuando exista una investigación de por medio.
Así, el gobierno defiende que la medida apunta a un beneficio colectivo: reducir delitos que afectan todos los días a miles de personas, sin frenar el uso cotidiano del celular. El reto, reconocen las autoridades, será garantizar que el proceso sea claro para los usuarios y que el manejo de los datos genere la confianza suficiente para que el registro no se convierta en un nuevo foco de preocupación.
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