Por Juan Pablo Ojeda
Después de más de una década de crecimiento continuo, las remesas que llegan a México enfrentarán en 2025 un freno significativo que tendrá efectos directos en la economía de millones de hogares. Especialistas prevén una caída superior al 5 por ciento en estos envíos, un escenario que marca un cambio de ciclo y que se da en un contexto complicado: políticas migratorias más duras en Estados Unidos, un mercado laboral menos dinámico y un peso mexicano fuerte frente al dólar.
De acuerdo con estimaciones académicas y financieras, el flujo de remesas podría cerrar el año con una reducción cercana al 5.8 por ciento, lo que implicaría alrededor de 61 mil millones de dólares, es decir, unos tres mil 700 millones menos que en 2024. Aunque la cifra sigue siendo elevada, el golpe no es menor si se considera que estos recursos son una fuente clave de ingresos para millones de familias, sobre todo en estados con altos niveles de pobreza y migración.
El diagnóstico coincide en varios puntos. Por un lado, el endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos ha generado miedo entre la población migrante, que evita salir a trabajar ante el riesgo de detenciones o deportaciones. A esto se suma el deterioro del mercado laboral estadounidense, que reduce las oportunidades de empleo y, por lo tanto, la capacidad de enviar dinero a México.
Otro factor que pesa es la apreciación del peso frente al dólar. Aunque a nivel macroeconómico puede interpretarse como una señal de fortaleza, en la vida cotidiana de los hogares receptores significa menos poder de compra. Es decir, aunque algunos migrantes sigan enviando montos similares en dólares, esos recursos alcanzan para menos cuando se convierten a pesos.
El impacto no será parejo en todo el país. Estados como Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Zacatecas dependen de las remesas para una parte importante de su economía, en algunos casos equivalente a al menos el 10 por ciento de su Producto Interno Bruto. En estas entidades, la reducción del flujo de dinero se traduce directamente en menor consumo, menos capacidad para cubrir gastos básicos y un freno a la movilidad social.
Las remesas suelen destinarse principalmente a alimentación, salud y educación. Por eso, su caída no solo afecta el bolsillo inmediato, sino también los avances en reducción de pobreza logrados en años recientes. Con una remesa promedio cercana a los 394 dólares, cualquier disminución tiene efectos visibles en el día a día de los hogares.
El panorama para 2026 tampoco luce alentador. Si las políticas migratorias en Estados Unidos se mantienen y no hay una mejora clara en el mercado laboral, la tendencia a la baja podría continuar. Además, analistas advierten que, ante mayores restricciones o costos en los canales formales de envío, podrían proliferar mecanismos informales, con mayores riesgos y menor protección para los usuarios.
Así, la posible caída de las remesas no es solo un dato económico. Es una señal de alerta para regiones enteras del país que dependen de ese ingreso y para una economía que, durante años, encontró en los envíos de los migrantes un colchón frente a las crisis. El reto ahora será cómo amortiguar el impacto en los hogares más vulnerables y evitar que este retroceso se traduzca en un aumento de la desigualdad.
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